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EL ESLABóN PERDIDO

Humberto Hernández Haddad

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Fragmento

Presentación

1994: Reacomodo radical de las fuerzas políticas en México

El 7 de octubre de 1992 se reunieron en San Antonio, Texas, el presidente de México Carlos Salinas de Gortari, el presidente de Estados Unidos George Bush y el primer ministro de Canadá Brian Mulroney, para firmar el texto final en el cual se pactaron las reglas y obligaciones de un Tratado de Libre Comercio para la América del Norte (TLCAN).

Las negociaciones comerciales que dieron vida al TLCAN estuvieron encabezadas por Jaime Serra Puche, Carla Hills y Michael Wilson, quienes estuvieron presentes esa mañana en San Antonio para firmar el documento final con los jefes del poder Ejecutivo de los tres países.

El texto del TLCAN fue enviado inmediatamente para su discusión y votación a los congresos de México y Estados Unidos, y al Parlamento de Canadá, donde una vez aprobado entró en vigor el 1° de enero de 1994.

Lo que nadie ha explicado es por qué al mismo tiempo que con grandes esperanzas se suscribía el TLCAN se estaba gestando una explosión de violencia y delincuencia que paralizaría a México en los siguientes días.

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El 1° de enero de 1994 comenzó la violencia política que frenaría a México, primero con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que puso a prueba la estabilidad política de México. El 23 de marzo el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, y el 28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu también sería privado de la vida. Cada uno de esos eventos generó una presión en los mercados contra el peso, con señales de fuga de capitales.

El 8 de octubre de 1994, dos años después de la ceremonia donde Carlos Salinas de Gortari, George Bush y Brian Mulroney anunciaron en San Antonio las ambiciosas metas para la construcción del bloque industrial y comercial de la América del Norte integrado por México, Estados Unidos y Canadá, la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaba en silencio la detención con fines de extradición del diputado Manuel Muñoz Rocha, por su presunta participación en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, informando al gobierno de los Estados Unidos que el procurador Víctor Humberto Benítez Treviño ya lo tenía localizado en Texas.1

La avalancha de violencia política y eventos criminales que cayó sobre México desde los primeros minutos de 1994 desencadenó la crisis económica más grave que ha sufrido nuestro país en toda su historia, bautizada por los organismos financieros internacionales como el “efecto tequila”. Quebró al sistema bancario mexicano, rescatado con el Fobaproa-IPAB; miles de empresas cerraron y cinco millones de mexicanos se fueron del país en busca de trabajo a Estados Unidos.

Así fue el choque traumático de las aspiraciones de modernización económica de México, frustradas ante la cruda realidad que se escondía en los sótanos de la política delincuencial encubierta desde adentro de las instituciones que deberían haberla investigado y sancionado. Frente a esa crisis fallaron en su cometido los órganos de seguridad del Estado que nunca vieron esos nichos delincuenciales.

De esa fractura institucional que lesionó la seguridad nacional y el patrimonio económico de México trata este libro. Sin plantear hipótesis alguna, presento objetivamente las pruebas documentales que muestran el vaciamiento de las funciones del Estado mexicano frente a una cadena de hechos delictuosos que hasta la fecha permanecen impunes.

El informe “Libertad en el mundo 2016”, del organismo de observación internacional para derechos humanos Freedom House, señala:

El poder en México ha cambiado de manos dos veces a nivel nacional desde el año 2000. Sin embargo, los actores políticos dominantes a menudo gobiernan de una manera muy opaca, lo que limita la actividad política y la participación ciudadana y abre la puerta a la corrupción y al crimen organizado. Los intentos de procesar a funcionarios por su presunta participación en actividades corruptas o criminales a menudo han fracasado debido a la debilidad de los casos presentados por el Estado. El sistema de justicia mexicano está plagado de retrasos, imprevisibilidad y corrupción, lo que favorece a una impunidad generalizada.

El año 1994 fue, así, el año en el que ocurrió un reacomodo radical de las fuerzas políticas y económicas de México.


1 Como lo señala el oficio núm. PGR/460/1994 del 8 de octubre de 1994.

Introducción

En esta relación cronológica no expreso opinión subjetiva alguna: los hechos hablan, y las pruebas documentales sobre los mismos los confirman. Mis acciones legales estuvieron bien sustentadas y fue responsabilidad de las autoridades competentes atender y resolver las denuncias que presenté, o finalmente ignorarlas y no resolverlas. Por esa razón esta obra está basada estrictamente en pruebas documentales públicas que se encuentran en archivos judiciales y gubernamentales tanto de México como de Estados Unidos, así como en mis informes consulares y en los registros públicos de prensa que fueron apareciendo conforme ocurrían estos sucesos. En el capítulo “Las pruebas documentales” exhibo algunos extractos de los expedientes judiciales radicados en la corte federal de San Antonio, Texas, con las evidencias y los testimonios judiciales rendidos bajo juramento en relación con los homicidios de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Antes de exponer dichos acontecimientos, es importante aclarar cuál fue mi relación con las dos víctimas. Los conocí en eventos oficiales de mi partido, el Revolucionario Institucional (PRI). Con los dos tuve una relación breve y cordial, sin mayor acercamiento ni convivencias ni trato frecuente.

Conocí a Luis Donaldo Colosio cuando fuimos miembros de la LIII Legislatura, en distintas cámaras del Congreso; él era diputado federal por Sonora, presidía la Comisión de Presupuesto, y yo era senador por Tabasco, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI. En agosto de 1988 Colosio me envió un mensaje afectuoso con mi ex secretaria, la señora María Luisa Saltijeral —a quien por su eficiente trabajo ratificaría e incorporaría a su equipo de trabajo—, el día que se presentó en el Senado y le fue asignado el que había sido mi despacho en dicha cámara de 1982 a 1988. Volví a saludarlo en 1993, sin saber que sería la última vez, cuando lo atendí en una visita oficial que hizo como secretario de Desarrollo Social a San Antonio.

Con José Francisco Ruiz Massieu mi trato se redujo a un breve y cordial saludo en 1988 en una calle de Taxco, Guerrero; en aquel momento era gobernador de ese estado y yo aún senador por Tabasco. Nunca volvimos a vernos, pero él sabía de mi conocimiento de la geografía humana y política de Guerrero por mi desempeño previo como delegado general del CEN del PRI durante 1974-1975, nombrado por el maestro Jesús Reyes Heroles, quien luego utilizó a ese estado convulsionado por la violencia como referente para las propuestas constitucionales materializadas en la reforma política de 1977, que dirigió como secretario de Gobernación con el presidente José López Portillo.

El 17 de abril de 1989 inicié funciones como cónsul general de México para la Circunscripción Consular Sur-Centro de Texas, con sede en San Antonio. El nombramiento fue hecho por el presidente Carlos Salinas de Gortari; me fue comunicado por el secretario de Relaciones Exteriores Fernando Solana Morales, y pasó a trámite constitucional ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para su dictamen, votación y aprobación.

Cuando supe que sería enviado a San Antonio, Texas, recordé los sabios consejos que sobre las características de esa ciudad me dio don Emilio Portes Gil, el ex presidente de la República con quien tuve durante los años setenta —siendo un joven diputado— el privilegio de ir a desayunar a su casa de Polanco en la Ciudad de México. En San Antonio, me dijo don Emilio Portes Gil, tuvieron lugar las negociaciones entre el gobierno de México y la Iglesia católica para terminar con la Guerra Cristera, con la participación en 1928 del obispo de Tabasco Pascual Díaz Barreto como representante de la Santa Sede. En esos arreglos diplomáticos, el embajador de Estados Unidos en México Dwight Morrow actuó en la intersección de tres frentes de crisis: petróleo, deuda externa y conflicto Estado-Iglesia.

Procedo a hacer ahora una síntesis de lo que informé, presencié y denuncié a más de 20 años de distancia de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994, y de José Francisco Ruiz Massieu en la calle Lafragua de la Ciudad de México el 28 de septiembre de ese mismo año.

En 1994 el país atravesó por el trauma de esos penosos y costosos acontecimientos; para evitar su repetición es necesario reflexionar con madurez y sin miedos sobre cuál es nuestra responsabilidad en la defensa del país, de sus instituciones, de la legalidad y de una convivencia social pacífica. Ningún gobierno por sí solo podrá lograr ese objetivo si no cuenta con el respaldo activo y la energía social proveniente de una madura participación ciudadana. Por ello asumo mi responsabilidad de ciudadano mexicano profundamente preocupado por el futuro que se vislumbra sobre mi país y reconstruyo los sucesos ocurridos a partir de 1994 con base en mis informes consulares, en los documentos que obran en los expedientes judiciales y en las notas de prensa que los difundieron conforme iban ocurriendo los hechos.

La tarea de los abogados de México adquiere en estos momentos la mayor trascendencia para la defensa de la legalidad, la seguridad jurídica y la integridad del país. Los juristas mexicanos no podemos, no debemos incumplir ni deshonrar la responsabilidad fiduciaria que tenemos frente a la nación en los terrenos socialmente esenciales de la justicia, la legalidad y la seguridad.

El año 1994 ocupó un lugar ominoso en la teratología de la historia legal del país porque a partir de entonces se desencadenó un proceso de criminalidad, impunidad y violencia política con pérdidas patrimoniales cuantiosas para la nación y un alarmante debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano. Las investigaciones sobre los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu trascienden la esfera de lo político-judicial, y son un tema obligado de reflexión para definir la responsabilidad profesional que los abogados tenemos en un campo jurídico fundamental: el derecho humano a saber, protegido por la Constitución y por diversos tratados que el Estado mexicano ha suscrito. Este derecho solamente encuentra su salvaguarda en el saber social de la ciudadanía, donde se sostienen los pilares fundamentales de la democracia, que son y serán siempre la transparencia y la rendición de cuentas.

Como ciudadanos mexicanos tenemos derecho a preguntar: ¿qué le hicieron a México en 1994? También tenemos derecho a saberlo. La respuesta a esa pregunta se encuentra en el silencioso periodo de incubación criminal que antecedió a los magnicidios políticos de 1994, el cual no ha sido investigado y por ello es difícil de comprender para muchos, pero que finalmente terminó por desembocar en una espiral de violencia política y económica de la que ahora podemos ver cuándo comenzó, sin que nadie sepa cuándo y cómo concluirá.

Si alguien llegara a usar en el futuro estas experiencias, este libro tendrá una misión bien cumplida al transmitir los instrumentos jurídicos que aquí se detallan para combatir a ese poder negativo que se está adueñando de México, y muestra la arrogancia de su impunidad, siguiendo la dinámica de lo que el senador estadounidense J. William Fulbright llamó “la arrogancia del poder” en el contexto de la política internacional, cuando el poder se confunde con la virtud y tiende a considerarse omnipotente.

Mi actuación como cónsul general de México en la circunscripción consular del sur-centro de Texas

Teniendo en cuenta estos antecedentes, debo explicar ahora en qué circunstancias y por qué conocí algunos aspectos de las investigaciones de los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Cuando fui cónsul general de México para el sur-centro de Texas, con sede en San Antonio, me correspondía supervisar los siete consulados de carrera ubicados en Austin, Corpus Christi, Laredo, Brownsville, McAllen, Eagle Pass y Del Río, que en aquel entonces integraban esa circunscripción. Cumplí mis funciones durante el periodo comprendido del 17 de abril de 1989 al 1º de junio de 1995. Tres fueron los gobernadores del estado de Texas que traté durante esos años: William Clements (republicano), Ann Richards (demócrata) y George W. Bush. (republicano). Los alcaldes de la ciudad de San Antonio en esa época fueron Henry Cisneros, Lila Cockrell, Nelson Woolf y Bill Thornton.

Por mis funciones diplomáticas mantenía una comunicación constante con funcionarios de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos; por ejemplo, en las materias de economía y finanzas, con Henry B. González, congresista demócrata por Texas y presidente del Comité de Banca y Finanzas de la Cámara de Representantes en Washington; Phil Gramm, senador republicano por Texas, quien ocupaba la presidencia del Comité de Finanzas del Senado en Washington, y con el doctor Lawrence Lindsey, gobernador de la Reserva Federal en Nueva York y mi maestro de macroeconomía en Harvard, entre muchos otros académicos, funcionarios e intelectuales de diversas instituciones y universidades de Estados Unidos. Dado que había sido miembro de cuatro legislaturas en el Congreso de la Unión como diputado federal y como senador, desde el inicio de mis funciones como cónsul general se me facilitó desarrollar una comunicación fluida y directa con funcionarios, legisladores, empresarios, académicos y periodistas tanto de Estados Unidos como de otros países. En esa dinámica constructiva de crear puentes diplomáticos conté con el valioso consejo y apoyo de varios de mis profesores y compañeros de estudios en las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de mis colegas en los Centros de Estudios Internacionales de las universidades de Harvard y Johns Hopkins.

Reconozco —y aquí nuevamente lo agradezco— que siempre fui tratado con la mayor cortesía y eficiencia por parte de las autoridades estadounidenses; invariablemente en el desempeño de mis funciones tuve la precaución de documentar cada asunto oficial que traté con ellas mediante expedientes debidamente foliados, para de inmediato informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en cuidadoso ejercicio de las facultades y obligaciones de ley que tienen los cónsules generales en el lugar de su adscripción, como son, entre otras, las de actuar como notarios públicos, oficiales del Registro Civil y agentes auxiliares del Ministerio Público de la Federación.

EL INVESTIGADOR ESTADOUNIDENSE GARY RENICK

El 9 de agosto de 1989 recibí el aviso de que un connacional originario de Jalisco, llamado Rubén Zuno Arce, se encontraba detenido en el aeropuerto de la ciudad. Comisioné al vicecónsul Mario Carrillo para que se trasladara de inmediato y tomara conocimiento de los hechos; antes de una hora me llamó para informarme que todo estaba arreglado y le pasó la bocina del teléfono a Zuno Arce, quien me agradeció la intervención del consulado.

Ese mismo día, avanzada la noche, Zuno fue nuevamente detenido por agentes federales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN). A la mañana siguiente acudí a conocer a este connacional, quien preguntaba por qué lo tenían detenido y tratado como si fuera un criminal; después de entrevistarme con varios funcionarios me recibió Gary Renick, director de Investigaciones del SIN, quien me explicó que ellos no tenían cargos contra él en San Antonio y que sólo estaban haciendo tiempo mientras un fiscal de Los Ángeles los anunciaba. Efectivamente, unas horas después, el fiscal federal Manuel Medrano pidió su traslado a una corte federal en esa ciudad, y formalizó diversas acusaciones en su contra. La explicación que me dio Gary Renick había resultado cierta y exacta; hay que aclarar que Zuno Arce era, al efecto, cuñado del ex presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976), y se le detuvo por presuntos vínculos con narcotraficantes del Cártel de Guadalajara, todos bajo investigación desde 1985 por el asesinato de Enrique Camarena Salazar, agente de la DEA (Agencia Antidrogas de Estados Unidos). Sentenciado en 1992 a cadena perpetua, falleció en 2012.

El nombre de Renick reaparecería en 1994, cuando bajo juramento rindió testimonio ante el magistrado John W. Primomo, declarando que tenían confirmada en San Antonio la presencia de Manuel Muñoz Rocha, eslabón clave (key link) en los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Como método de trabajo consular, siempre apliqué la regla estricta de que se tenía que informar a la Cancillería el mismo día en que ocurrían los hechos. En este caso, de manera prioritaria, toda la información y las pruebas que se iban exhibiendo en las audiencias de la corte federal se enviaban de inmediato a la SRE y a la Procuraduría General de la República (PGR). La respuesta de ambas dependencias siempre fue el silencio. Si el consulado no hubiese informado, sus responsabilidades legales habrían sido graves en virtud de que el Departamento de Justicia y el Poder Judicial Federal de Estados Unidos tenían conocimiento de esos hechos, ventilados en audiencias públicas en la corte federal de San Antonio.

Por otra parte, consistentemente procuré impulsar y estimular al personal del consulado y en varias ocasiones encargué a los vicecónsules atender asuntos que requerían tacto diplomático. Por ejemplo, en mayo de 1994 me buscó telefónicamente el embajador de Estados Unidos en México, James Jones, desde su oficina en la Ciudad de México para invitarme a acompañarlo en la entrega de un premio que le otorgaría en San Antonio la organización de petroleros Texas Independent Producers and Royalty Owners (TIPRO). Para atender a su invitación convinimos que enviaría a Alejandro García Moreno Elizondo y Jesús Contreras Cantú al aeropuerto para recibirlo mientras yo terminaba un compromiso oficial ya programado para esa fecha en otro lugar, y lo alcanzaría más tarde en la ceremonia; así lo hicimos y ellos siempre agradecieron en público el trato de confianza y respeto que yo les dispensaba.

El 4 de junio de 1994 me reuní con el embajador Jones para acompañarlo a una cena que se le ofreció en el Club Argyle de San Antonio, donde fue el anfitrión Julian Martin, presidente de TIPRO; al final de la ceremonia lo llevé a su hotel y quedamos de comer al día siguiente. El 5 de junio comí en privado con el embajador en el restaurante del hotel San Antonio Plaza, donde casualmente nos encontramos y platicamos brevemente con Susan Yerkes, buena amiga de México y distinguida columnista del periódico San Antonio Express-News.

Mi relación con el embajador Jones fue muy cordial. La experiencia política del representante estadounidense se remontaba a que luego de ser un joven congresista federal por Oklahoma había pasado a trabajar en la Casa Blanca como secretario de la presidencia con Lyndon B. Johnson. Cuando le comenté que hacía poco mi esposa y yo habíamos tenido el gusto de ser invitados por Lady Bird Johnson, viuda del presidente, a comer en su rancho, le dio mucho gusto; le conté entonces que la señora Johnson nos había hecho llegar la invitación por conducto de sus dilectos amigos Joe Broadberry y su esposa Edna.

En visitas posteriores que el embajador Jones hizo a San Antonio siempre conversamos ampliamente y coincidimos sobre las grandes oportunidades y los factores desaprovechados en la cooperación bilateral enfocada al desarrollo económico.

LA VISITA DEL EMBAJADOR CARLOS FUENTES

El 28 de septiembre de 1994 desayuné con el embajador Carlos Fuentes con motivo de que el brillante escritor mexicano visitó San Antonio para dar una conferencia la tarde anterior en la Universidad de Texas en San Antonio (UTSA); durante ese encuentro pude platicar con él sobre muchos temas, entre ellos el futuro de nuestro país.

Un auditorio abarrotado había aplaudido al prestigiado literato y diplomático, a quien luego le fue ofrecida una cena privada en el Club Giraud, a orillas del río San Antonio, por los directivos del periódico San Antonio Express-News. Esa noche Carlos Fuentes tuvo el gusto de reencontrarse y platicar con varios intelectuales y periodistas estadounidenses, entre otros la inteligente columnista Susan Yerkes. Cuando terminó la cena lo llevé en mi automóvil a su hotel y convinimos en desayunar en el hotel Fairmont a las ocho, para luego llevarlo al aeropuerto, donde tomaría el vuelo de regreso a la Ciudad de México a las 11:30. Al despedirnos nunca nos imaginamos la sorpresa que nos esperaba a la mañana siguiente.

Durante el desayuno el embajador de las letras y la cultura de México hizo gala de su agudeza intelectual exponiendo sus vastos conocimientos sobre la situación mundial, para luego entrar a hacer una revisión de los problemas de nuestro país; ahí me hizo saber su preocupación sobre la aparición de un fenómeno que le inquietaba: la formación de un grupo de poder político-criminal que podía llegar a tomar el control de México usando una agenda económica con ramificaciones internacionales. Lo analizamos, quedamos de volver a reunirnos y salimos del restaurante rumbo al aeropuerto.

Nuestra sorpresa fue que al llegar nos estaban esperando visiblemente sobresaltados varios miembros del consulado para darnos una noticia de la Ciudad de México: José Francisco Ruiz Massieu acababa de ser asesinado. Pedí prestado un teléfono celular para llamar a México y me confirmaron la noticia. Platiqué unos minutos en privado con el embajador Fuentes, y habiendo visto que ya tenía en las manos su pase de abordar, nos despedimos y me trasladé al consulado.

Unas semanas después, a partir del 19 de octubre, la preocupación que me manifestó el embajador sobre una criminalización políticoeconómica en ascenso tocaría directamente a la ciudad de San Antonio, cuando me llegó el aviso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el ingeniero Manuel Muñoz Rocha, localizado en esa ciudad texana.

LA LICENCIA NO RETIRA EL FUERO DE LOS LEGISLADORES

Sobre el tema del procedimiento que debe seguirse para el desafuero de los legisladores, mencionado en textos académicos clásicos como los de Felipe Tena Ramírez, Juan José González Bustamante y Jorge Carpizo McGregor, de amplia investigación, existe además un texto de José Miguel González Avelar titulado La S ...