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DEMOCRACIA EN CONSTRUCCIóN (ENSAYISTA LIBERAL 6)

Enrique Krauze  

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Fragmento

Prólogo

Este volumen de la colección Ensayista liberal recoge una selección de mis ensayos y artículos de crítica política escritos a lo largo de la última década. Junto con los dos libros que lo preceden, Por una democracia sin adjetivos (1982-1996) y Del desencanto al mesianismo (1996-2006), integran una historia del presente. Una historia en gerundio: escrita mientras estaba ocurriendo.

Democracia en construcción (2006-2016) cubre las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Está dividido en nueve apartados que tocan los siguientes temas: el sexenio de Calderón (marcado por la discordia de origen); la idea —exagerada, a mi juicio— de que México es «un Estado fallido»; la brutal irrupción de la inseguridad y la violencia (en la que el gobierno tuvo una responsabilidad indudable, pero cuya naturaleza y causalidad lo rebasaba); el desigual papel de los medios de comunicación (la prensa doctrinaria, la radio y la televisión); el proceso electoral de 2012 (que pareció anunciar una restauración del viejo sistema); la derrota histórica del PAN (debida a sus graves errores políticos y morales); la administración de Peña Nieto (sus reformas estructurales, demeritadas por sus faltas morales); la lectura generacional de nuestra circunstancia; y, finalmente, mi balance del México de hoy, el desaliento que prevalece.

Recibe antes que nadie historias como ésta

Aunque sinceramente sé que es imposible, mi aspiración ha sido cumplir con el llamado que nos hizo don Daniel Cosío Villegas, en un remoto ensayo de 1972, a convertirnos en escritores políticos. Don Daniel se extrañaba mucho de la relativa ausencia de escritores políticos en el México posrevolucionario. Recordaba el caso de Emilio Rabasa poco después del Porfiriato, pero no muchos más. ¿Qué entendía por «escritor político»? No se refería al comentario político y menos aún al texto doctrinario o propagandístico, escrito a partir de una matriz ideológica. Se refería a la reflexión crítica sobre la política hecha con rigor intelectual, perspectiva histórica, exigencia literaria y temple liberal. Aludía, desde luego, a la tradición inglesa en la que se había formado (y la que había editado como director del Fondo de Cultura Económica), pero también a la obra de ensayistas políticos franceses, como Raymond Aron, o españoles, como José Ortega y Gasset.

Como era ante todo un hombre práctico, en vez de teorizar sobre la literatura política nos puso el ejemplo. En el combativo ocaso de su vida (al cumplir los 70), tras haber dedicado 23 años a estudiar la historia moderna de México, don Daniel orientó sus afanes a emular con la pluma a la generación liberal de la Reforma, a la que admiraba, entre muchas otras razones, por haber dado tantos grandes escritores políticos. Algunos lo conocimos y otros no tuvieron esa fortuna, pero todos leímos sus ensayos y artículos como una revelación, como una lección de inteligencia argumentativa, valentía y transparencia. Por mi parte, devoré su tetralogía política (publicada por Joaquín Díez-Canedo en los Cuadernos de Joaquín Mortiz) escrita en tiempos de Echeverría. Y no me perdía sus artículos semanales en el Excélsior de Julio Scherer. Con el tiempo, escribí su biografía. Historiador, editor, ensayista, escritor político: su vida me parecía la más lograda, la vida ideal. Ahora que yo tengo casi la edad que tenía él cuando nos conocimos, pienso en su juicio severo, y me viene a la mente —mutatis mutandis— una línea de Borges sobre Lugones, aplicable a discípulos y maestros: «Si no me engaño, usted no me malquería […] y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío».

Más allá de la influencia de Cosío Villegas, escribir sobre la vida política era el signo de aquellos tiempos. Después de la siesta universal de los cincuenta, llegaron los sesenta con un torbellino de pasiones intelectuales. La Revolución Cubana estaba en su cenit y todos soñábamos con redimir al mundo. Sobrevino el 68, en Europa, Estados Unidos y México. El movimiento estudiantil marcó nuestras vidas inscribiendo en nuestra frente la palabra no: no al autoritarismo, no al sistema corrupto, no a la hegemonía de un partido. Pero aclaremos: era un no de libertad, no un sí a la democracia. Esa convergencia vino después, y es la materia central del volumen Por una democracia sin adjetivos, de esta misma colección. Una vez conquistada, la democracia resultó insuficiente. Esa insuficiencia derivó en el surgimiento (aún vigente) de la alternativa populista, temas que toca Del desencanto al mesianismo. El corazón de este último volumen está claramente descrito en el título: Democracia en construcción. La democracia ha llegado, es un proceso en construcción: arduo, largo, incierto. Un proceso difícil.

El libro marca también el trecho final de una travesía que empezó en 1982, con «El timón y la tormenta». Hay algo extraño e ingrato —pienso ahora— en ser escritor político. Una condena a la fugacidad, a la inmediatez, a la rápida obsolescencia. Lo que levanta las pasiones un día, muere al siguiente. Los movimientos que parecen eternos, se difuminan casi sin dejar huella. Octavio Paz —que desde Posdata fue un gran escritor político— quiso abjurar un poco de esa vocación pero confesó que era imposible: «No podemos renegar de la política; sería peor que escupir contra el cielo: escupir contra nosotros mismos». Tenía razón. En su caso, renunciar a la política era renunciar a una de las pasiones rectoras de su tiempo, de su generación, de su siglo. Era renunciar a la posibilidad (así fuera remota) de incidir en la realidad. Era renunciar al deber moral de criticar al poder. En cuanto a nosotros, renunciar a la política —renunciar a la escritura política— hubiese sido voltear la espalda al legado de libertad del 68. Tanto como renunciar a nosotros mismos.

Vuelvo al origen, al movimiento estudiantil de 1968. La difícil construcción de la democracia tendrá su prueba de fuego en las próximas elecciones de julio de 2018 que coincidirán —justicia poética, profética— con el 50 aniversario de aquel episodio que marcó nuestras vidas y la vida de México. La convergencia será histórica y simbólica, como una cita con el destino. Muchos de los participantes de ese movimiento ya no están entre nosotros. Quienes alcancen la conmemoración, deberán responder preguntas de inmensa gravedad.

¿Qué pensaremos dentro de dos años, frente a la urna? ¿Pensaremos que la travesía ha valido la pena? Personalmente, creo que sí. Esta difícil construcción de la democracia es preferible a la «dictadura perfecta». ¿En qué nos equivocamos? En cosas esenciales: no previmos los efectos colaterales del cambio (la irrupción de la criminalidad) ni las perversas supervivencias del «sistema» (los intereses creados, los poderes fácticos, las inercias de la cultura política). No supimos educar a las generaciones siguientes en una cultura democrática de respeto y tolerancia. Pero logramos instaurar la libertad política y el valor del voto.

Ojalá que esta trilogía —bitácora personal del México contemporáneo— sirva para aquilatar el mérito histórico de nuestra transición, obra colectiva de la ciudadanía mexicana. Créame el lector: la transición a la democracia en México no desmerece frente a sus pares europeas, aunque haya sido mucho menos celebrada y estudiada.

Quiero dejar, finalmente, un testimonio especial de gratitud a mi amigo Fernando García Ramírez. Nuestra colaboración intelectual comenzó hacia 1989 y ha continuado hasta ahora. Fernando ha sido mi mejor y más cercano lector. Ha sido también, desde antes de conocernos, mi crítico permanente. «La amistad de un crítico es una bendición de los dioses», solía decir Cosío Villegas. Fernando ha cumplido conmigo, tenaz y cabalmente, esa misión. Aunada a su lealtad y rectitud, su amistad ha sido, y será hasta el final, una bendición.

I

Calderón: el sexenio de la discordia

El vacío y el poder

En un pasaje de Posdata, Octavio Paz recuerda dos episodios convergentes sobre la naturaleza del poder en México. En el primero de ellos, Hidalgo y su ejército de campesinos se encuentran ante la Ciudad de México: «La saben inerme y abandonada pero no se atreven a tomarla; dan marcha atrás y unos meses después el ejército campesino es aniquilado e Hidalgo fusilado». En el segundo, Zapata ve con horror la silla presidencial, se niega a sentarse en ella, y dice: «Deberíamos quemarla para acabar con las ambiciones». A los pocos años es acribillado. De ambas experiencias, Paz extrae una lección permanente: «En el contexto inhumano de la historia, particularmente en una etapa revolucionaria, a aquel que rehúsa el poder, por un proceso fatal de reversión, el poder lo destruye».

Sin repugnar el poder ni temer conquistarlo por la fuerza, otras figuras históricas tuvieron un destino similar: buscaron ejercer un poder acotado por las leyes y fracasaron en el intento. Morelos supeditó su poder al Congreso, y sucumbió en el trance. Iturbide quiso establecer una monarquía constitucional, y fue destronado por el Congreso que lo había ungido. Lerdo, Iglesias y Madero se propusieron (como nosotros ahora) vivir de acuerdo con las reglas e instituciones de la Constitución de 1857, pero la sociedad civil de la época no los sostuvo, y terminaron en el ostracismo o la muerte, vencidos por la vieja tradición del hombre fuerte: caudillesco y caciquil.

El ejemplo más reciente de la serie es Vicente Fox. Dueño de un carisma respetable, ya en el poder se negó a convertirse en un caudillo o a rehacer en su provecho el viejo mecanismo caciquil del PRI. Cualesquiera que sean las críticas que merece su errática gestión, Fox quiso fincar su legitimidad sobre las premisas e instituciones de la democracia liberal. Pero algo central falló en su desempeño, algo que lo vincula hasta cierto punto con aquella triste sucesión de personajes pertenecientes a la biografía del no poder. Las manifestaciones de esta relativa impotencia son múltiples. Su propensión a confundir lo público y lo privado —por mencionar sólo un ejemplo— restó autoridad moral a la investidura presidencial. Como resultado, a la mitad de su sexenio Fox abrió un considerable vacío de poder que llenó, de manera tumultuosa, Andrés Manuel López Obrador. Se dirá que Fox no fue destruido, y es verdad, pero el peligro persiste, no sólo en términos de su legado personal sino de algo infinitamente más importante: la supervivencia de nuestra democracia. ¿Encontrará Fox vías para esquivar el grave riesgo? Es tarde y, a juzgar por su estilo personal, lo más probable es que herede el dilema a su sucesor. Oaxaca es, en este sentido, su última oportunidad [el conflicto aglutinado por la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca].

En cualquier caso, Felipe Calderón tendrá ante sí (tiene ya, de hecho) una tarea titánica: o fortalece la legitimidad democrática en México o sucumbe ante las huestes del nuevo hombre fuerte: mitad caudillo, mitad cacique; mitad redentor, mitad comisario. Ante esta situación, no faltarán voces que le aconsejen actuar, de alguna manera, como Salinas al principio de su sexenio, pero olvidan que un acto ilegal no sólo sería contraproducente y absurdo: sería contradictorio con el orden democrático que la mayoría de los mexicanos queremos afianzar. Para complicar el cuadro, el uso legítimo de la fuerza (que en cualquier gobierno legalmente constituido es algo normal) también resultará problemático, no sólo por el trauma del 68 sino por la duda de muchas personas (no sólo fanáticos, sino gente de buena fe) sobre una elección en la que no hubo fraude, pero que López Obrador —revelando su verdadero rostro antidemocrático— se encargó de enturbiar. ¿Cuáles son entonces los caminos? Para el presidente electo, Felipe Calderón, vislumbro al menos tres.

En primer lugar, integrar el gabinete más plural de nuestra historia. A contrapelo de los panistas que le aconsejen «cerrar filas», Calderón no puede olvidar que ganó con un magro 35% del voto. Ese solo motivo debería ser suficiente para convencerlo de incorporar a personajes del PRI y de la izquierda. México tiene aún hombres y mujeres experimentados en las áreas más sensibles de gobierno. Esta oferta debe ser abierta, generosa y, de ser posible, inmediata.

El segundo paso es hacer pública, a la mayor brevedad, la lista de acciones concretas para los primeros 100 días de su gestión. Subrayo la palabra concretas. Hasta ahora, el discurso de Calderón ha tenido la virtud de la cautela pero también ha sido vago y general, dos pecados capitales en este momento. Las abstracciones o los buenos deseos no entusiasman al ciudadano. Lo que lo convence es aquello que atañe de manera concreta a su vida diaria: su bolsillo, su mesa, su salud, la educación de sus hijos, la vejez de sus padres, la seguridad de su familia.

La tercera clave consiste en instrumentar una innovadora política de comunicación, no sólo en los medios masivos sino en las plazas del país. Muchos líderes panistas que entienden la política como una misión o poseen cierto carisma, pueden recorrer el país explicando el programa del gobierno, recogiendo propuestas y quejas. Pero la supervivencia de nuestra democracia no depende sólo, ni principalmente, de Felipe Calderón. (Después de todo, Hidalgo, Morelos, Lerdo, Iglesias, Madero y Zapata no sólo sucumbieron por su propia debilidad sino por la ambición dictatorial de sus adversarios.)

La supervivencia depende sobre todo del PRD y de las voces públicas y académicas, simpatizantes de López Obrador. Si la izquierda mexicana sigue la opción caudillesca y caciquil del líder, estará optando por la revolución (blanda o dura) pero cerrará por siempre su propia opción electoral y dará el golpe final a nuestra democracia. Ésa será su grave responsabilidad histórica. Si se separa de él, si lo priva de su supuesta «hegemonía moral», el PRD continuará su ascenso, con posibilidades de alcanzar el Poder Ejecutivo en 2012. Para la izquierda no hay una tercera opción. La tercera opción es la esquizofrenia.

No nos engañemos: hay un riesgoso vacío de poder en el México de hoy. Acosado por las impunes y provocadoras turbas «pacíficas» de López Obrador, Calderón no podrá revertirlo solo. Necesita que la izquierda democrática se deslinde de su caudillo. Sólo así llenaremos el vacío de poder con el poder de la legalidad.

[24 de septiembre de 2006]

La libertad y los medios

Ahora que, para regocijo de algunos intelectuales filotiránicos y de varios dirigentes totalitarios del PRD, Hugo Chávez ha suprimido el canal de televisión RCTV, es momento de valorar la libertad de expresión en México. No siempre fue tan sustantiva como lo es hoy, y podría dejar de serlo en el futuro. Fue una libertad que costó conquistar y que debe consolidarse, en un marco de responsabilidad y madurez.

Me tocó vivir de cerca la transición desde la trinchera de diversos medios: los periódicos y las revistas, la radio y la televisión. La primera zona en liberarse fue la prensa. Tras el golpe al legendario Excélsior de Julio Scherer, en 1976, no siguió el silencio o la sumisión sino el nacimiento de al menos tres órganos independientes: la revista Proceso, el diario Unomásuno y la revista Vuelta. Indiferente al acoso oficial, Proceso solía documentar la tenebra nacional, semana tras semana, con valerosa y escalofriante precisión. La Jornada, heredera casi inmediata de la legitimidad inicial de Unomásuno, cumplía también una tenaz labor de crítica al «Ogro filantrópico». Al principio de los ochenta, Vuelta anticipó y articuló la necesidad de un cambio democrático, que en su momento recogieron otras revistas. En el interior de la República, otros audaces diarios y revistas trabajaban también, desde hacía tiempo, en el mismo sentido. A partir de 1994, con la aparición de Reforma, la democratización en los medios se aceleró. La letra impresa apuntalaba la transición gracias a una convergencia inédita entre posiciones liberales y de izquierda.

La radio había comenzado a despertar desde principios de los ochenta. El mérito histórico en este ámbito lo tuvo el programa Monitor con José Gutiérrez Vivó: organizó conversaciones, debates y mesas redondas, y arriesgó una cobertura independiente. Con el tiempo aparecieron competidores —algunos auténticos, otros oportunistas—, pero el público supo siempre (y sabe aún) el carácter precursor de ese programa. Sin embargo, incluso en ese espacio ejemplar había restricciones. En 1992 atestigüé la llamada de Gobernación que recibieron los dueños de Radio Red, a propósito del programa que íbamos a hacer sobre el candente tema de la reelección: «Don Fernando sugiere que ese tema no se toque». Y no se tocó. Con todo, la radio fue ganando un espacio sólido de credibilidad, fincado en una sencilla máxima: servir al público, no al poder.

La televisión no servía al público, servía al poder. Su verdad era la verdad oficial. No había lugar para la oposición, el debate o el documental histórico y político. El cambio sobrevino a cuentagotas. En 1990 Mario Vargas Llosa denunció la «dictadura perfecta» en el marco del Encuentro Vuelta, convocado por Octavio Paz, y transmitido por Televisa. Los hechos dramáticos de 1994 se abrieron paso en la pantalla. Pero no fue hasta 1998 que el cuadro se modificó radicalmente. Se transmitió el primer programa de México Nuevo Siglo, con escenas del 68 nunca antes vistas en televisión. El noticiero de López Dóriga dio inicio a “En opinión de…”, espacio plural y abierto a todas las voces del espectro político. Los noticieros comenzaron a producir reportajes sobre temas que habían sido tabú. Algo similar ocurría en Televisión Azteca y en Canal Once. Aparecieron o se consolidaron programas serios de discusión: Zona Abierta, La Entrevista con Sarmiento, Primer Plano. El mismísimo Subcomandante Marcos salió en la pantalla del Canal 2. Conforme se aproximaron las elecciones de 2006, la televisión privada abrió sus espacios a la oposición, no sólo en los tiempos de cobertura sino en la filiación abierta de algunos de sus afamados comentaristas. Y Televisa produjo una serie que contribuyó a que el votante conociera de cerca a los candidatos: Diálogos por México.

En 1953 Daniel Cosío Villegas escribió: «Tenemos una prensa libre que no sabe usar su libertad». Se refería a la utilización responsable de la libertad. La pregunta interesante para los medios hoy en día es: ¿han aprendido a usarla en ese sentido? Todos, sin excepción, han cometido, y cometen aún, graves distorsiones. Señalo unas cuantas. La prensa de «derecha» dedica secciones enteras a promover una lamentable frivolidad. La prensa de «izquierda» se ha vuelto cada vez más dogmática e inquisitorial. Muchos comunicadores confunden el micrófono con el púlpito, lanzan anatemas contra sus adversarios y editorializan sesgadamente las noticias.

Tal vez estos problemas sean naturales. Tras medio siglo de censura relativa, es mejor que se ejerza la libertad con exceso, y que el público la vaya acotando. Aunque es obvio que no basta el público. Se requiere mayor competencia. Sin embargo no basta la competencia, porque la nota roja tiene más rating que la nota seria y los competidores pueden optar por abatir la calidad en vez de elevarla. Por eso importa tanto la certeza legal e institucional que asegure el ejercicio continuado y responsable de la libertad. Ése debe ser el papel del órgano regulador, pero ¿cómo configurarlo? ¿En manos del Ejecutivo o —como creo— de común acuerdo entre dos poderes? ¿Con una legislación y regulación orientadas discrecionalmente desde el Ejecutivo u otras —como creo también— esencialmente técnicas y autónomas, que impidan los caprichos de un eventual Hugo Chávez mexicano?

Hay democracias que terminan por ser antiliberales (Venezuela es una, Alemania en 1933 fue otra). Para consolidar la democracia en la libertad y la libertad en la democracia, se necesita un público alerta, libre competencia, certeza legal e institucional, pero incluso todo ello no basta. Se requiere —repito la idea de Karl Popper— algún código de autorregulación como el que adopta The New York Times, que sólo da a luz a «All the News that’s Fit to Print» (o sea a «todas las noticias que merecen publicarse»). Y tampoco eso basta, porque finalmente necesitamos crítica de los contenidos. Sólo la crítica objetiva y seria (no el odio ideológico disfrazado de crítica) puede lograr que nuestros medios —los actuales y los futuros— hagan mejor uso de su libertad. Esa misma libertad que los consabidos «abajofirmantes» disfrutan en México y desdeñan para Venezuela.

[3 de junio de 2007]

Libertad a debate

Una marca de alimentos decide que su publicidad televisiva privilegie el color verde. Un cantante usa corbatas amarillas. Una telenovela utiliza como fondo musical la canción «Azul» de Agustín Lara. Estos y otros muchos ejemplos menos inocuos ¿serían considerados como una publicidad ilícita por la nueva legislación electoral? Claro que no, pero hago votos por que la discusión legislativa sobre la reforma electoral que tendrá lugar esta semana tenga sumo cuidado en no arrojar el agua de la libertad con todo y el niño de la democracia fuera de la tina nacional.

Hay mucha hipocresía en los corrillos políticos en torno al papel que jugaron los medios en las pasadas elecciones. López Obrador —que se presenta como el principal agraviado— tuvo a su disposición cámaras y micrófonos en una precampaña que comenzó el día en que tomó posesión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Pedir que lo dieran «por muerto» era la señal perfecta para darlo por vivo, y esa atención espontánea siguió hasta las postrimerías de la elección. Es verdad que se utilizó profusamente publicidad «negativa» en su contra, sobre todo aquella que lo señalaba como un «peligro para México». Pero al margen de lo habitual, ya que ese tipo de publicidad lo es en toda democracia moderna, ¿qué otra cosa había hecho él, si no advertir, desde la tribuna de su poder (y utilizando a menudo los recursos públicos), la vasta conspiración de la «derecha» contra México? La «derecha» —definida por el propio líder máximo de la izquierda como todo aquel grupo o persona que se le opusiera— no era sólo «un peligro para México»: no era México, no es México, es el anti-México. Finalmente, más pronto cae un hablador que un cojo: López Obrador acaba de declarar en Puebla que las cámaras se han convertido… «en un peligro para México» porque las iniciativas que «discuten en tribuna representan un retroceso» y responden «a una agenda establecida desde el extranjero por el Fondo Monetario Internacional». ¿Existe alguna duda de cómo hubiese procedido con respecto a las instituciones, de haber triunfado en los comicios?

Con todo, al igual que sus adversarios, el señor debería estar en su derecho de usar la palabra peligro como le venga en gana, y cuantas veces le venga en gana. Creerle o no creerle es decisión de los ciudadanos. Si somos congruentes con los valores de una democracia liberal, en las campañas de 2009 y 2012 los partidos, partidarios, candidatos y ciudadanos deberían poder decir esas cosas, y aun peores. Las opiniones políticas no deben ser delitos. Ésa es la esencia de la libertad. Usarla con responsabilidad es un arduo aprendizaje colectivo, pero no puede ser impuesto. El verdadero peligro en una democracia está en coartar la libertad de expresión. Por eso los dictadores le temen tanto.

Introducir, como propone la reforma del artículo 41, el concepto de «denigración» como un valladar legal en defensa de las instituciones, los partidos y las personas, puede resultar incompatible con el artículo 6 constitucional sobre la libertad de expresión. Karl Popper, el gran liberal, abogaba por el establecimiento de una comisión interna de autorregulación en los medios, que se comprometiera a cuidar los contenidos agresivos en ciertos programas. Pero nunca abogó por una comisión reguladora en la política.

No es correcto que los partidos dispongan de los escandalosos recursos que ahora tienen. Tampoco que el poder económico decida la agenda pública. Acotar ambas cosas me parecería un acierto. Que el IFE medie en la compra de publicidad, me lo parece también. Sin embargo, puedo pensar en un escenario en el que la modificación propuesta podría volverse contra nuestro sano desarrollo democrático. De aprobarse la reforma en sus términos actuales, ningún grupo (un nuevo movimiento ciudadano, una ONG) podría defender en el futuro sus puntos de vista (o criticar el de otros) en espacios que no sean los noticieros o programas similares, lo cual atizaría la susceptibilidad con respecto a éstos, inhibiendo la libertad. El problema no es insoluble: requiere creatividad y buena fe.

Si en verdad les importa comunicar de manera cabal e inteligente sus ideas, sería aconsejable que los diputados y senadores estudiaran los intensos debates que ahora mismo está llevando el Partido Demócrata en Miami. Como vehículos de comunicación política para el elector, estos debates son más eficaces que las campañas publicitarias. Porque si algo faltó en 2006 fueron precisamente debates auténticos, no ese par de rígidas y solemnes pantomimas que tuvieron lugar y que, sin embargo, jugaron un papel decisivo para normar el voto público. Los debates entre candidatos deben ser obligatorios. Su formato y contenido debe ser objeto de una intensa discusión pública y una reglamentación apropiada.

Los debates por televisión pueden ser la mejor clase de democracia, tolerancia y civilidad para el elector mexicano, la demostración palpable de que las personas pueden diferir en asuntos esenciales pero que esas diferencias no tienen por qué traducirse en actos de violencia.

[9 de septiembre de 2007]

Traidores al paredón

Muchos criticaron la frase «López Obrador es un peligro para México». Se dijo que era el emblema de la «guerra sucia» y que provenía «directamente de Joseph Goebbels», autor del famoso dictum: «Una mentira repetida cien mil veces se vuelve verdad». Académicos distinguidos lamentaron que la «atmósfera de miedo» y «polarización» creada por el PAN pudiese incitar a la violencia: «El concepto de “peligro para México” significa que es un peligro para la nación, y entonces no se puede contemporizar, y hay que eliminarlo». Escritores reconocidos apuntaron que el uso insistente de la frase en boca de Calderón era condenable en términos intelectuales (una «generalización… sin matiz o lógica»), deplorable en lo moral («es la cima de la campaña de odio […] es volver orgánica la histeria revanchista»), pero sobre todo peligrosa, ella sí, en términos políticos: «¿Por qué tal belicosidad si lo que se quiere es un clima civilizado?»

Ahora López Obrador llama «traidores a México» a quienes propongan cualquier reforma energética. Aunque al principio pareció reservarse los nombres de quienes tenía en mente, no tardó en soltar algunos: Felipe Calderón, Juan Camilo Mouriño, Jesús Reyes Heroles G., Santiago Creel, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa Patrón y Francisco Labastida Ochoa. Al poco tiempo, amplió la cobertura y advirtió que será «un traidor a la patria» el legislador, «sea del partido que sea», que vote en favor «de cualquier modificación a la Constitución o leyes secundarias que permitan la participación privada en la industria petrolera». Y sin más contemplaciones, decretó: «Aquí hay dos grupos: los que están a favor de las reformas energéticas y los que estamos en contra. No hay lugar para la medianía. No se puede permanecer en medio, no se puede ser moderado, porque el que apoya a las reformas es traidor a la patria, sea del partido que sea».

Señalar a un político como «un peligro para México» es, sin lugar a dudas, una acusación muy grave, pero no tiene traducción práctica en los códigos vigentes. En cambio la frase «traidor a la patria» remite a responsabilidades muy claras y específicas. En el artículo 22 de la Constitución de 1917 la «traición a la patria» estaba tipificada «en guerra extranjera» y se castigaba —lo mismo que el plagio, los delitos graves de orden militar o el homicidio con alevosía y ventaja, entre otros— con la pena de muerte. El párrafo fue omitido hace muy poco, el 9 de diciembre de 2005, pero el cargo persiste, referido sólo al presidente de la República, en el artículo 108, segundo párrafo, de la Carta vigente. Aunque la pena de muerte se ha derogado, el Código de Justicia Militar y el Código Penal Federal siguen tipificando el delito con penas severísimas. Los artículos 203 y 205 del primero prevén penas de hasta 60 años; el artículo 123 del segundo dice a la letra: «Se impondrá la pena de prisión de cinco a cuarenta años y multa hasta de cincuenta mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las formas siguientes», y enseguida enumera 15 puntos, casi todos referidos a casos de guerra (pérdida de territorio, espionaje) salvo el primero, más genérico: es traidor a la patria quien «realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero».

En nuestro régimen constitucional, la determinación de la responsabilidad jurídica correspondería desde luego a los ministros de la Suprema Corte de Justicia pero, llegado el caso, López Obrador no tendría el menor empacho en considerarlos, a ellos también, «traidores a la patria». Y ¿qué ocurriría si un buen número de mexicanos se convenciera de buena fe sobre la necesidad de las reformas? Tampoco ahí cabe duda: serían «traidores a la patria».

Pero ya se sabe: el Peje por su boca muere. Y es que el propio Proyecto Alternativo de Nación elaborado por López Obrador decía a la letra: «Tampoco deberíamos descartar que inversionistas nacionales, mediante mecanismos transparentes de asociación entre el sector público y el privado, participen en la expansión y modernización del sector energético o actividades relacionadas, siempre y cuando lo permitan las normas constitucionales». Bajo su actual óptica radicalizada, el líder se ha vuelto «traidor a la patria».

El problema, como es obvio, no es legal sino político: pertenece a la órbita de nuestro imaginario histórico. La frase «un peligro para México» induce temor, pero la frase «traidor a la patria» provoca odio y ánimo de venganza. En México, quien incurre en «traición a la patria» merece el castigo terminal de todos los «traidores» de nuestra historia. Aquí ya no sólo estamos frente a una «generalización sin matices ni lógica», una «mentira repetida mil veces», un caso de «polarización» o «belicosidad». Estamos frente a algo mucho más serio: una abierta apelación al «pueblo» para que, fiel a «sus usos y costumbres», haga lo que siempre hizo con los «traidores»: llevarlos al paredón.

¿Qué dicen ahora los críticos? Ni una palabra, por supuesto.

[10 de febrero de 2008]

Democracia o revolución

La izquierda mexicana no se decide entre ser democrática o revolucionaria. Pero ha llegado la hora de la verdad. En los próximos 24 días —del día de hoy, 24 de febrero, hasta el 18 de marzo de 2008— cifrará su destino.

La comparecencia de Cuauhtémoc Cárdenas ante el Congreso en torno al tema del petróleo fue un ejemplo de la opción democrática. El líder histórico del PRD acude al Poder Legislativo. Lo recibe la perredista Ruth Zavaleta con palabras que son, cada una, sinónimos de democracia: «pluralidad de pensamiento», «respeto a todo tipo de ideologías», voluntad de «construir acuerdos», disposición a que la cuestión petrolera se «debata con argumentos bien fundamentados» en un marco de «racionalidad […] por encima de las descalificaciones». Cárdenas, por su parte, expuso en detalle su propuesta para rescatar a Pemex y, en clara alusión a los radicales de su partido, advirtió: «Se está corriendo el riesgo de viciar de antemano, a priori, un debate que es necesario pero respecto al cual, por polarizarlo, se está perdiendo objetividad». Finalmente hizo un llamado a los legisladores a «presentar iniciativas», para concretar «un debate abierto de las posiciones por encima de la mesa». Esa libre confrontación de ideas —concluyó— permitirá determinar, a posteriori, «cuál es la mejor política petrolera para el país».

La comparecencia del camaleónico Porfirio Muñoz Ledo ante profesores, alumnos y activistas en un auditorio de la UAG y en torno al mismo tema fue un ejemplo de la opción revolucionaria. Diazordacista en el 68, echeverrista en el 71, lopezportillista en el 76, cardenista en el 88, foxista en el 2000, lopezobradorista en el 2006, porfirista siempre, tras informar a sus reconfortados oyentes que «no le interesan los cargos públicos» y fustigar la «condición dinástica» del «caudillo» Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, delineó la estrategia golpista del FAP, Frente Amplio Progresista, que preside. Se trata, nada menos, que de «reventar el sistema», de «echar toda la carne al asador», para «acortar por vías pacíficas el mandato de Felipe Calderón». Y ¿cuáles son esas «vías pacíficas»? «Hay muchas […] con un millón de gentes en la calle, como se han hecho las transiciones democráticas.» Enseguida afinó la cifra: «300 mil gentes en la calle pueden hacer una transición democrática». Según el artífice de la reforma del Estado, «el Estado mexicano es un cascarón», y nuestra democracia es «colonial», por eso la izquierda debe superar el actual modelo (que podría «maicear» hasta «mil diputados») y provocar en cambio una «ola democrática» que nos permita «transitar» a la «auténtica» democracia. La situación actual, concluyó, con todas sus letras, «no tiene una solución institucional».

Tomemos en serio las palabras de ambos. Las diferencias son insalvables. Cárdenas reconoce a los otros, confía en el diálogo, presupone la complejidad del asunto petrolero, alienta a abrir el debate. Muñoz Ledo descalifica a los otros, se aferra al monólogo, se proclama poseedor de la verdad absoluta, alienta a una movilización cuyo fin manifiesto es una carambola de tres bandas: quedarse con el PRD, bloquear toda reforma energética y «reventar el sistema». Para el primero, la democracia atañe a la libre opinión de decenas de millones de electores. Para el segundo, la democracia es una «ola» de 300 000 personas movilizadas. La estrategia considera la toma o cierre de los 82 aeropuertos nacionales e internacionales del país, así como el cierre de las carreteras federales, a partir de hoy, portando sólo colores patrios, con el pretexto de la ...