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HISTORIA CONTEMPORáNEA DE ESPAñA (VOLUMEN II: 1931-2017)

Varios autores   

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Fragmento

 

Director de la Historia contemporánea de España

Jordi Canal

 

Coordinadores de este volumen

Eduardo González Calleja

Juan Pan-Montojo

 

Autores

Jordi Canal (EHESS, París)

Ángel Duarte (Universitat de Girona)

Eduardo González Calleja (Universidad Carlos III, Madrid)

Ángeles González-Fernández (Universidad de Sevilla)

Jordi Gracia (Universitat de Barcelona)

José-Carlos Mainer (Universidad de Zaragoza)

Elena Martínez Ruiz (Universidad de Alcalá)

Enrique Moradiellos (Universidad de Extremadura)

Juan Pan-Montojo (Universidad Autónoma de Madrid)

Juan Carlos Pereira (Universidad Complutense de Madrid)

Scheherezade Pinilla (Universidad Complutense de Madrid)

Fernando del Rey Reguillo (Universidad Complutense de Madrid)

Pedro Rújula (Universidad de Zaragoza)

 

 

 

 

ENTRE LA LIBERTAD Y LAS DICTADURAS


1931-1959

 

 

Eduardo González Calleja

(Coord.)

LAS CLAVES DEL PERIODO

Eduardo González Calleja

 

 

 

El tracto histórico que abarca esta primera parte del segundo volumen de la historia contemporánea de España se inicia y termina a una distancia cronológica similar —menos de tres lustros— del final de ambas guerras mundiales: acontecimientos referenciales de la historia del siglo XX en los que España no participó de forma relevante, pero cuyas repercusiones determinaron la trayectoria del país durante el resto de la centuria.

 

 

EL RASTRO DE LAS GUERRAS Y EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA

 

Algunos autores contemplan el decurso del siglo XIX español, al igual que el de otros países de Europa del sur, como una larga guerra civil que fue librada, de forma discontinua pero persistente, por las alternativas revolucionarias y contrarrevolucionarias al proceso de construcción del Estado liberal, en la que se alternaron periodos de combate abierto con etapas de tranquilidad más aparente que real. De estas confrontaciones se ha dado cumplida cuenta en el primer volumen. Ciertamente podría decirse algo parecido de nuestro siglo XX, que, en su primera mitad, tuvo en el hecho bélico (preferentemente nacional, como también lo fueron en gran parte los conflictos coloniales que jalonaron el periodo) uno de sus rasgos definitorios. Resulta ocioso señalar a la Guerra Civil de 1936 a 1939 como el acontecimiento histórico nodal de nuestra historia contemporánea, pero tal aseveración obliga a una reflexión preliminar sobre su significado histórico profundo.

A pesar de la teórica neutralidad que España mantuvo en los grandes conflictos internacionales de la pasada centuria, el país vivió las secuelas de la I y la II Guerra Mundial sumido en el tercer ciclo bélico de su historia contemporánea, tras la etapa de conflictos revolucionarios de carácter nacionalista que tuvo lugar entre 1793 y 1840 y la etapa de querellas imperialistas, que, iniciada entre 1859 y 1860, se prolongó hasta el Desastre de 1898. Ahora que la historiografía española está abandonando la mitología de la excepcionalidad y aborda con paso firme la reflexión comparativa, se ha de recalcar que ninguna de estas conflagraciones puede estudiarse aislada de las experiencias bélicas anteriores, ni marginada de los grandes conflictos europeos de la época, fueran estos de carácter revolucionario, colonial o internacional. No cabe duda de que, en ese periodo de turbulencias que transcurre de 1909 a 1949, España se vio inmersa en un nuevo ciclo bélico que, sin abandonar del todo la caracterización de los dos anteriores, tuvo en su momento culminante una factura predominantemente social. Este ciclo se inició con el conflicto colonial en el norte de Marruecos (1909-1927), continuó con una atroz guerra civil (1936-1939) y culminó en una posguerra ficticia, jalonada de expediciones militares en el contexto de la II Guerra Mundial (el envío de la División Azul al frente oriental entre octubre de 1941 y noviembre de 1943) y de un prolongado conflicto insurgente como fue el «maquis»: secuela de la Guerra Civil, pero cuya fase culminante acaece entre octubre de 1944 y octubre de 1948. El ciclo se cierra en realidad una década más tarde, con el epílogo sangriento de la descolonización de Marruecos, que supuso «la última guerra de África» en Ifni y el Sahara; un conflicto olvidado que fue cuidadosamente ocultado por el franquismo a una opinión pública todavía sensibilizada por el recuerdo de la desastrosa Guerra del Rif.

Aunque la peculiar fisonomía belicista del periodo histórico que nos ocupa entremezcla querellas nacionales y foráneas, la Guerra Civil se mantiene como punto de referencia en el análisis de una crisis global —de Estado, de sociedad, de cultura— que, por sus evidentes implicaciones ideológicas, aún se debate si retrotraer al conjunto de la época contemporánea (en este caso, se responsabiliza de la catástrofe al proceso de modernización liberal-capitalista), al primer tercio del siglo XX (la causa del mal sería la crisis del parlamentarismo liberal de la Restauración), a los años treinta (la crisis de las democracias representada en la Segunda República) o incluso a 1936 (en concreto, la frustración de la experiencia política del Frente Popular). La opción preferente de los autores del presente libro se inclina por una explicación intermedia que tenga presente el agotamiento de las experiencias políticas, sociales y culturales surgidas de las revoluciones burguesas decimonónicas, que fueron dominantes en el mundo occidental hasta la Gran Guerra, pero que sitúe la línea de falla en la primera posguerra mundial y, específicamente, en la coyuntura revolucionaria (operativa también para España) de 1917, con su momento álgido de confrontación en los años finales de la década de 1930 y los iniciales de la de 1940. En esta «crisis de entreguerras», el «caso» español no fue una excepción, sino la manifestación a escala nacional de una crisis global del capitalismo que, al igual que en el resto de Europa, enfrentó a la democracia liberal con las dos grandes alternativas de la época: la involución autoritaria, cuya deriva paroxística fue el fascismo, y la revolución socialista, proyectada en su extremo hacia el comunismo soviético. En España —sumida también en esta querella ideológica— se dieron en esos años de entreguerras todas las causas originarias de los comportamientos violentos que estaban presentes en el conjunto del continente y la casi totalidad de sus formas e instrumentos de actuación, principalmente en el insurreccionalismo (militar o no) sobre otros fenómenos subversivos, como la paramilitarización o el terrorismo. Lo llamativo fue, sin embargo, que un país de Europa Occidental resolviera el conflicto inherente a la crisis del parlamentarismo liberal clásico a través de la solución límite que supone un enfrentamiento armado intenso en forma de guerra civil.

Bien es cierto que esta anomalía no puede entenderse como una excepción. El enfrentamiento fratricida español puede enmarcarse como una fase concreta de ese proceso de «guerra civil europea» que, en su simplificación extrema, enfrentó a democracia, fascismo y comunismo. Fue el episodio quizá más notorio de una serie de conflagraciones intestinas que arrancó del desmoronamiento de los viejos imperios en 1918 (las guerras finlandesa, rusa e irlandesa), continuó con las vinculadas al apogeo y derrumbe de los fascismos (las guerras española y griega, además de las no declaradas oficialmente y que enfrentaron a fascistas y antifascistas en los procesos de resistencia a la ocupación y la ulterior depuración de colaboracionistas) y finalizó con las secuelas del fin del comunismo (las guerras de la antigua Yugoslavia de 1991 a 1999). Sin embargo, el conflicto español se diferenció del resto por su intensidad relativa (que puede calcularse en la tasa de víctimas por habitante) y por la persistencia de la violencia mucho después de la finalización del conflicto armado convencional. Estas particularidades de la conflagración de 1936 a 1939 hacen necesaria una explicación que incorpore elementos propios de la evolución histórica del país en los 20 años anteriores a la guerra.

No cabe duda de que la I Guerra Mundial abrió en España las puertas a un intenso y extenso ciclo reivindicativo (obrero, campesino, militar, nacionalista, democratizador) que el pronunciamiento de septiembre de 1923 trató de yugular, acabando con un largo periodo de abstención en el uso de la violencia para lograr objetivos políticos. El mal ejemplo dado por Primo de Rivera erosionó de forma irreversible la adhesión social al régimen monárquico y legitimó los intercambios políticos por medio de la fuerza. El desprestigio de la monarquía y la apertura de una auténtica situación prerrevolucionaria a fines de los años veinte resultaron decisivos en la forja de una concepción verdaderamente «orgánica» de la violencia como factor que debía ser tenido en cuenta en las tácticas políticas enfocadas hacia planteamientos subversivos, insurreccionales y de lucha armada. El fin de la dictadura a inicios de 1930 abrió una etapa completamente nueva: el pacto implícito para la autolimitación de la violencia política saltó hecho añicos, puesto que ya no se discutía el retorno a la normalidad constitucional, sino la misma supervivencia del régimen monárquico y la implantación de una legalidad sin deuda alguna con el pasado. El conato revolucionario de diciembre de 1930 marcó la pauta para un desarrollo mucho más metódico y despiadado de las luchas políticas, que iba a ser la cruz con la que tuvo que cargar el régimen republicano desde el primer momento.

A diferencia del carácter predominantemente sociolaboral de los conflictos violentos del periodo de 1909 a 1923, los enfrentamientos de los siguientes tres lustros tuvieron un sesgo eminentemente sociopolítico, ya que fueron dirigidos en buena parte al derrocamiento o a la transformación radical de los distintos regímenes que se fueron sucediendo. Otro rasgo de la violencia colectiva en esta etapa fue su carácter universalmente compartido. En uno u otro momento, casi todas las fuerzas políticas (nacionalistas vascos y catalanes, republicanos, anarcosindicalistas, comunistas, socialistas, carlistas, católicos e incluso figuras del Ancien Régime monárquico, apoyados en buena medida por la oficialidad de un ejército intensamente politizado y polarizado) se vieron tentadas de recurrir a la clandestinidad como modo de acción y de utilizar la fuerza como medio de ejecución de sus proyectos políticos, ya fueran reformistas, revolucionarios o contrarrevolucionarios. Sin embargo, a la hora de dirimir el conflicto de dominación planteado durante la crisis de los años treinta, ninguna de las fuerzas político-sociales fue capaz de alcanzar una eficaz instrumentación de la violencia al servicio de un modelo político alternativo al marco democrático entonces vigente, debido a la carencia de proyectos históricos unitarios para la revolución o la contrarrevolución, a la falta de una alternativa plausible al sistema de relaciones sociales del capitalismo vertido en la democracia parlamentaria republicana y a la ausencia de un instrumento ejecutivo o un apoyo social suficiente para proceder a la conquista del poder por medio de la fuerza. Al final, este «equilibrio de las incapacidades» para la subversión violenta, que evidenciaron tanto los sectores revolucionarios (ejemplificado en el seno del proletariado en la división estratégica planteada entre el anarquismo, el bolchevismo y el parlamentarismo reformista) como los contrarrevolucionarios (cuyo incompetente acoso al reformismo republicano quedó de manifiesto en su fracaso en impulsar una movilización de masas en sentido fascista) fue zanjado por el golpismo militar que, al fracasar parcialmente en la segunda mitad de julio de 1936, despeñó al país hacia la sima de la guerra civil. La consecuencia inesperada de la incapacidad que mostraron las alternativas planteadas sobre el tapete político para imponerse por vías pacíficas o de hecho fue la adopción de un modo arcaico (por ser extremadamente costoso) de resolución del conflicto sociopolítico: una guerra civil. Sin embargo, como puede constatarse en el tipo de violencia desplegada (evidente en el carácter reivindicativo y no revolucionario de las agitaciones campesinas desarrolladas durante el Frente Popular o en el fuerte contraste existente entre la violencia paramilitar de preguerra y la genuinamente militar y represiva de la guerra), el conflicto que tuvo lugar de 1936 a 1939 demostró una conexión bastante tenue con las confrontaciones armadas del periodo de entreguerras y más bien implicó una radical ruptura con las mismas. La violencia a gran escala la iniciaron los sublevados al alzarse contra el régimen republicano y provocar una división de los instrumentos de seguridad estatal, que degeneró en un peligroso vacío de poder. Este se tradujo a su vez en una pérdida del monopolio de la coerción y abrió el camino a la revolución y a la violencia colectiva. Por tanto, la violencia no fue la causa, sino la consecuencia, manifestación y efecto de un golpe de Estado que, al frustrar sus expectativas de conquista inmediata al poder, degeneró en esa forma límite de resolución de conflictos por vía armada que fue la Guerra Civil.

Paradójicamente, la propia dinámica interna del enfrentamiento armado de 1936 a 1939, no menos complejo en sus diversas líneas de fractura (contencioso de alcance internacional, conflicto sociopolítico entre reforma/revolución y contrarrevolución, conflicto cultural en torno a valores como la fe o la ciudadanía o punto de ruptura entre el nacionalismo español centralista y los nacionalismos periféricos), coadyuvó a la reagrupación en dos bandos de los múltiples conflictos planteados con anterioridad. La inaudita oleada de violencia represiva que el fracaso parcial del golpe de Estado de julio generó en ambas zonas no tuvo parangón con otras conmociones políticas de épocas pasadas y demostró un carácter fundacional, por cuanto hizo del conjunto del orden político existente una duradera tabla rasa. Fue entonces cuando la violencia como instrumento ocasional de acción política dejó paso a la violencia coactiva de largo alcance vinculada a la revolución y la contrarrevolución. En este análisis secuencial, el franquismo adquirió contornos específicos en la historia de la violencia política española, al imponer una violencia absoluta, basada en la destrucción física y moral de los vencidos en un sistema de terror oficial que caracterizó la dictadura hasta su etapa postrera. La segunda dictadura del siglo XX español puede ser interpretada sin ambages como un estado de excepción permanente, un fenómeno global de opresión social, seudojuridicidad y persecución política que resultaba inherente a la naturaleza del régimen, cuyo carácter de coacción extrema no cambió con los años, aunque sí su instrumentalización a partir de la etapa desarrollista de los años sesenta. Durante esta década, la «juridificación» de la represión corrió paralela al tránsito de las estrategias de subversión armada, desde la resistencia guerrillera de la segunda mitad de los años cuarenta (el «maquis») hasta el terrorismo separatista de ETA desde fines de los sesenta o hasta la guerrilla urbana del FRAP o los GRAPO a mediados de los setenta.

 

 

INCORPORACIÓN, AISLAMIENTO Y REINTEGRACIÓN INTERNACIONALES

 

Este inmenso trauma nacional no se atisbaba en absoluto al comienzo del periodo objeto de nuestro estudio. España inició la década de 1930 perfectamente integrada en las instituciones internacionales surgidas de la Gran Guerra. Había consolidado además su tradicional comunidad de intereses con Francia y Gran Bretaña, merced al Convenio Hispano-Francés del 5 de octubre de 1904, que implicó la adhesión a la Declaración Franco-Inglesa del abril anterior, y que fue ratificado en la conferencia hispano-británica de Cartagena de 8 de abril de 1907, en la cual España asumió el doble papel de mediadora entre sus dos partenaires y de elemento de contención de las aspiraciones expansionistas alemanas en el área africana. Los españoles, que asumieron a partir de 1912 responsabilidades protectoras en Marruecos, mantuvieron durante la Gran Guerra una actitud de neutralidad esmaltada con gestos pacifistas y humanitarios que reforzaron la imagen internacional de la monarquía. Tras el conflicto, el país no dudó en continuar esa política constructiva en el seno de la Sociedad de Naciones (SdN), siempre a caballo entre la tradicional política de neutralidad ante los conflictos europeos y el apoyo a las iniciativas diplomáticas de Francia y Gran Bretaña. Es cierto que Primo de Rivera sucumbió a una tentación revisionista en política exterior (en torno a asuntos como la obtención de un puesto permanente en el Consejo de la Sociedad de Naciones o la administración de Tánger), que implicó una ruptura circunstancial de los compromisos con la organización internacional entre 1926 y 1928 y un paralelo acercamiento al fascismo italiano (con el que se firmó un tratado comercial en noviembre de 1923) que actuase como contrapeso en el Mediterráneo para atemorizar a los garantes del statu quo marroquí, especialmente a Francia. Las consecuencias de esta equívoca política las acabaría pagando la Segunda República española.

La Guerra Civil zanjó una etapa secular de la acción exterior, de cuño liberal, fundamentada en la necesidad de un entendimiento permanente con Francia y Gran Bretaña, el neutralismo en los asuntos continentales y la atención preferente al equilibrio mediterráneo. La tortuosa gestión diplomática del conflicto y, en concreto, el inmediato apoyo nazifascista a los sublevados, el gradual deslizamiento de la Unión Soviética hacia la ayuda a la República y las consecuencias del Acuerdo intergubernamental de No Intervención del 7 y 8 de agosto de 1936 (con muy débil base en el derecho internacional de la época y establecido al margen de la SdN) se tratan cumplidamente en varios pasajes de este volumen.

La incidencia del conflicto civil en las alternativas de inserción internacional del régimen de Franco resulta evidente y los años de la guerra mundial fueron, quizá, los más erráticos en política exterior de toda nuestra época contemporánea. La dictadura, fuertemente condicionada por los cambios radicales en el panorama político-militar europeo y por las tensiones de poder (sobre todo entre falangistas y militares) en la escena nacional, pasó de la neutralidad inicial a una no beligerancia favorable al Eje desde mediados de 1940, a la beligerancia moral contra la Unión Soviética un año más tarde y a una vergonzante neutralidad benévola hacia los Aliados desde fines de 1942. Hasta 1943 se esbozó una breve etapa de expansionismo retórico que implicó la manifestación de reivindicaciones territoriales sobre el imperio colonial francés y la difusión de un mensaje maternalista de tono veladamente imperialista en América Latina.

Las secuelas de las guerras civil y mundial pesaron de forma decisiva a la hora de que el régimen franquista se replanteara su actuación en los tres ámbitos tradicionales de proyección exterior de la España contemporánea: Europa, América y el Mediterráneo. En el primero, la dictadura quedó sometida a la voluntad de las potencias anglosajonas, que, a partir de noviembre de 1944, extremaron una política de presión que desembocó en la condena del régimen y en casi un lustro de aislamiento internacional, desde fines de 1946 hasta la normalización diplomática de inicios de 1951 y el ingreso en la ONU de diciembre de 1955. La reintegración parcial en la comunidad internacional vino de la mano de la revalorización del espacio estratégico español mediante la intensificación de las relaciones con Washington y la voluntad de elevar los Acuerdos de Madrid de septiembre de 1953 a la categoría de tratado. El reforzamiento de un vínculo transatlántico de carácter estratégico-militar aceleró, además, el tránsito hacia una economía de mercado compatible con la deseada adhesión a la recién creada Comunidad Económica Europea (CEE). Las posibilidades de participar de forma plena en este proyecto integrador continental dependían en gran parte del mantenimiento de buenas relaciones con los países miembros, pero el franquismo nunca consiguió una normalización diplomática absoluta, ya que el lastre que siguió arrastrando como último residuo dictatorial en Europa Occidental imposibilitó en primera instancia, y dificultó más adelante, el logro de esta aspiración europeísta hasta mediados de los años ochenta.

Hacia América Latina, el régimen franquista ensayó una política de sustitución de carácter eminentemente cultural, que buscaba resaltar los vínculos históricos con el subcontinente como paliativo de la debilidad política y diplomática en Europa y como elemento de apoyo en los foros diplomáticos ante la inminencia del proceso descolonizador. El cambio más notable que se operó en esta área fue el tránsito desde la retórica imperialista de los años cuarenta al proyecto de «comunidad de pueblos iberoamericanos», de carácter más científico y técnico, que trató de impulsarse a partir de la década siguiente. Con el lento proceso de integración del régimen español en el bloque occidental, acaecido desde principios de los años cincuenta, la política hacia Latinoamérica experimentó una redefinición de planteamientos y de objetivos que tuvo, quizá, una trascendencia y una envergadura mayores que los cambios sufridos en esta faceta específica de la acción exterior durante los primeros pasos de la Transición a la democracia. El paulatino asentamiento del régimen franquista en la escena internacional no solo estabilizó los objetivos políticos y los procedimientos jurídicos de la diplomacia española, sino que propició una mudanza de la tradicional actitud reactivo-defensiva desplegada durante el periodo del aislamiento y permitió la adopción de iniciativas exteriores más seguras, confiadas y positivas. La vieja fraseología retórica y sentimentaloide centrada en los valores de la hispanidad fue sustituida poco a poco por una política de iniciativas concertadas y concretas, en teoría establecidas desde un plano de igualdad y caracterizadas por un escrupuloso acatamiento de las soberanías nacionales y de los regímenes políticos específicos de cada país. Con todo ello, se fueron abandonando los ensayos de legitimación directa del régimen a partir de la búsqueda de una solidaridad ideológica (basada en afinidades anticomunistas y católicas) que mejorara la aceptación internacional de la España franquista y se abordó un ensayo de integración más sensible a los intereses de los países latinoamericanos, mediante el ofrecimiento de programas de cooperación científica, técnica y económica que no prejuzgasen el sesgo político de sus gobiernos. El designio oculto era impulsar la creación de una Comunidad Hispánica de Naciones que pudiera transformarse, a medio plazo, en una fuerza política capaz de competir ante un nuevo orden mundial caracterizado por los procesos de concurrencia internacional.

En el ámbito mediterráneo, el eclipse de las potencias europeas tras la II Guerra Mundial abrió el camino al renacimiento de los movimientos nacionalistas, con la consiguiente incertidumbre respecto al futuro de las posesiones coloniales. La política mediterránea había estado condicionada desde inicios del siglo XX por la presencia de España en Marruecos como potencia protectora, pero desde los años cuarenta el cerco internacional se había mitigado de alguna manera gracias a la acción diplomático-cultural sobre los países árabes. Fue, bien es cierto, una política vaga y retórica, con un carácter compensatorio de los desplantes recibidos en otros escenarios, y con el objetivo, fijado a medio plazo, de obtener los apoyos indispensables para lograr el ingreso en la ONU. Las crisis internas de Grecia, Turquía o Irán; los traumáticos procesos de descolonización de Argelia, Marruecos o Túnez; el recrudecimiento de la secular «cuestión de Oriente» con el establecimiento del Estado de Israel; y el auge de los movimientos panarabistas y panislamistas hicieron que España, aún convaleciente de la Guerra Civil y aislada por los vencedores de la guerra mundial, optara por mantenerse en una prudente expectativa, pero sin dejar de apoyar toda iniciativa tendente a la neutralización del área mediterránea. Ello no quiere decir que, desde el ámbito diplomático, se renunciara a jugar la baza de la posición estratégica de España en esa zona como modo de integración indirecta en el nuevo concierto internacional, señalando además que el país había desempeñado, en el primer tercio del siglo, un papel estabilizador en el «problema del Mediterráneo». Ante Estados Unidos, nueva potencia hemisférica, el régimen franquista intentó hacer valer su imagen de bastión antisoviético, estratégicamente situado entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, y entre América y la única ruta marítima mundial que discurría a lo largo de los paralelos y en zona templada. La creación de la Liga de Estados Árabes según el Protocolo de Alejandría del 22 de marzo de 1945, la desastrosa intervención anglofrancesa en Suez en 1956 y los traumáticos procesos de descolonización que tuvieron que gestionar ambas potencias en Oriente y en la cuenca sur del Mediterráneo (especialmente Francia en Argelia y Marruecos) condicionaron indudablemente la política de España, pero mejoraron su reputación ante las naciones ribereñas, sobre todo por la actitud de tolerancia mostrada ante el proceso de independencia de Marruecos. La finalización oficial de los compromisos en el país magrebí a partir de 1956 clausuró de forma casi definitiva la trayectoria centenaria de la presencia colonial española en la zona y, con ella, el declive del imaginario secular del «destino africano». La representación negativa del ámbito norteafricano como la «pesada carga del hombre blanco» dejaba paso a una actitud más respetuosa y constructiva, aunque no hay que olvidar que la última gran crisis internacional que tuvo que afrontar el moribundo régimen franquista estalló precisamente en esa zona, en torno a la descolonización frustrada del Sahara Occidental y su ocupación por Marruecos.

 

 

LA POLÍTICA INTERIOR: ENTRE LA REFORMA, LA REVOLUCIÓN Y LA CONTRARREVOLUCIÓN

 

A lo largo de esta obra contemplamos el desplome sucesivo de dos regímenes políticos (la longeva monarquía, restaurada en 1875, y la efímera república de abril de 1931) y la consolidación del régimen dictatorial más duradero de nuestra historia contemporánea, que presuntamente iba a dar carpetazo a dos siglos de «decadencia nacional». Para muchos observadores coetáneos, en los años treinta se estaba librando el enfrentamiento

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