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LOS DEMONIOS DEL EDéN

Lydia Cacho  

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Fragmento

Prefacio a esta edición revisada

El viernes 16 de diciembre de 2005, siete meses después de que comenzó a circular la primera edición de este libro, fui detenida sorpresivamente por una brigada de judiciales afuera de las oficinas del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) en Cancún, un organismo de defensa de mujeres víctimas de la violencia, del cual era directora. Los judiciales aparentemente portaban una orden de aprehensión girada por un juez poblano, como resultado de una demanda por calumnia y difamación presentada por Kamel Nacif Borge; nunca me la mostraron. Nacif, poderoso empresario, apodado el Rey de la Mezclilla, es mencionado en este libro como uno de los amigos que frecuentaban al pederasta Succar Kuri y que éste solía mencionar como uno de sus protectores, que además le hacía pedidos de niñas vírgenes, según se escucha en su propia voz, en una serie de llamadas telefónicas cuya grabación obra en mi poder, además del testimonio de las víctimas que obtuve yo misma y que coincide con el recogido en expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR).

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Lo que podría haber sido una simple querella entre dos particulares fácilmente discernible en tribunales, pronto adquirió visos de convertirse en una verdadera acción punitiva en contra de mi persona y en un embate político de un poder mucho mayor que el representado por un grupo de judiciales que duraría diez años. Bastaron unos minutos tras mi detención para darme cuenta de que detrás de ella había una poderosa maquinaria política y económica. Los demonios del Edén, título del libro, se habían soltado e intentaban convertir mi vida en un infierno, castigarme por decir la verdad.

UN SECUESTRO “LEGAL”

En realidad, las cosas fueron maquinadas para fabricar una orden de arresto. Cuando hay una denuncia por difamación, la o el juez pide que la o el periodista acuda para responder a la demanda. El problema es que a mí los citatorios de la juez nunca me llegaron. Ese desacato, del que yo estaba ajena, es lo que desencadenó la orden de aprehensión por parte de la juez quinto de lo penal en Puebla, ciudad en donde origina la denuncia mi demandante, a mil quinientos kilómetros de Cancún.

Eso constituyó una primera violación a mis garantías individuales más elementales, porque no se debe girar una orden de este tipo sin asegurarse de que la o el acusado ha recibido los citatorios. Violaron mis garantías constitucionales de los artículos 14, 16 y 20, que aseguran mi derecho a ser escuchada en los tribunales antes de ser juzgada.

Una vez lograda dicha orden, se orquestó todo un operativo para desencadenar una verdadera pesadilla.

Se trasladó desde Puebla un convoy de dos autos con cinco judiciales, a los que se sumaron al menos otros tres vehículos en Quintana Roo, para efectuar un operativo digno de la aprehensión de un capo del narcotráfico. La detención se realizó el viernes a las 12:30, cuando arribé a mi oficina. Me rodearon cuatro judiciales armados para subirme a uno de los vehículos, escoltado por los otros cuatro vehículos. El despliegue me hizo pensar lo peor en ese momento. Algo que luego se confirmaría. Fui llevada a la procuraduría de Quintana Roo, porque una diligencia de otro estado requiere la autorización de la procuraduría local. Lo que por lo regular es un trámite de varias horas, sospechosamente se hizo en versión fast track, en no más de veinte minutos. Se llevó a cabo una estrategia para deshacerse de la custodia de agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que me había asignado el gobierno federal, debido a las numerosas amenazas de muerte que había recibido. En el momento en que me aprehendieron, los agentes de la AFI no estaban conmigo, pero llegaron tras de mí a la procuraduría estatal en Cancún. Más tarde supe que los judiciales poblanos les aseguraron a los agentes federales que podrían acompañarme en el recorrido por carretera a Puebla. Pero tan pronto hicieron su gestión, me sacaron por la puerta trasera, engañándome y, asegurándome que iríamos por mi gente, me forzaron a entrar a un auto y se dieron “a la fuga”, para tomar la carretera. Durante mi detención no me permitieron acceder a teléfonos ni tener contacto con mi abogado. Me impidieron tomar medicinas o ropa de abrigo para el viaje a Puebla; les insistí en mi derecho a la salud y me aseguraron que me acompañarían por mis medicamentos y un suéter antes de salir. La “fuga” se realizó con el apoyo de judiciales de Quintana Roo, quienes escoltaron al convoy para permitir que escapara con fluidez sobre el tránsito local. Participaron al menos una decena de agentes locales para sacarme a la carretera. El procurador de Quintana Roo, Bello Melchor, aseguró en un noticiero local que Kamel Nacif había estado con él para asegurarse de mi detención. Los mafiosos no se tomaron la molestia de disimular que se utilizaba la justicia como instrumento de venganzas personales.

Durante las primeras horas en la carretera me hicieron sentir que el secuestro podría terminar en algo peor: trato hostil, negativas a mi pedido de hacer alguna llamada, insultos, violencia sexual y amenazas de muerte constantes. Entre ellos, comenzaron a conversar sobre las ocasiones en que habían muerto otros prisioneros. Habían leído historias sobre mí en internet y hacían referencia a un “tipo de Torreón que me quería matar”. Me aseguraron que querían pasar a ver el mar de noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre “la gente que se ahoga”; en algún momento se detuvieron frente al mar, me bajaron del auto y me aseguraron que tenían órdenes de hacerme desaparecer en el mar. Me preguntaron por mi libro “sobre un pederasta” y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten “en eso”. A mí me llevarían a la cárcel. Esos hombres vestidos de civil, que aseguraban ser policías judiciales, me advirtieron que si llegaba viva a la cárcel, sería violada.

En las veinte horas que transcurrieron en la carretera, pasé los momentos más solitarios y difíciles de mi vida, la mayor parte del tiempo creí que no llegaría con vida a la prisión. Un año después narré parte de esos hechos en mi libro Memorias de una infamia.

Nunca sabré si en realidad estaban esperando alejarse de la península para proceder a una desaparición forzada o feminicidio; durante el trayecto me hicieron saber que debía retractarme del contenido de este libro que tiene en sus manos, o terminaría muerta. Por fortuna, luego de muchas horas, recibieron una llamada de sus superiores. A partir de entonces, el trato fue menos agresivo: a ratos amable, a ratos hostil. Después me enteré de que la presión de las organizaciones civiles y de las redes de periodistas, enteradas de mi “secuestro”, había propiciado llamadas al gobernador de Puebla, Mario Marín, para hacerlo responsable de lo que me sucediera. Acostumbrado a perseguir periodistas y encarcelar inocentes, ese hombre que aseguraba sería el próximo presidente de México jamás imaginó que mandarme torturar y encarcelar de manera ilegal le costaría su carrera política.

Poco antes de llegar a Puebla, en la caseta de entrada, nos interceptó un vehículo y dos mujeres de la policía intercambiaron lugares con mis captores. La procuraduría de Puebla había informado a los medios que mi detención y traslado había estado a cargo de mujeres policías, acompañadas de un representante de derechos humanos. Eso es absolutamente falso; sin embargo, lograron su mascarada para el momento en que yo entrara, flanqueada por mujeres, a las oficinas en Puebla.

Una vez en Puebla, el trámite de mi presentación ante la juez fue lenta y tortuosa. Me mantuvieron en un calabozo inmundo; me hicieron una revisión médica en desnudez al lado de un cuarto lleno de policías, con una mampara transparente de por medio.

Por fin al día siguiente salí bajo fianza. La presencia de los medios de comunicación, como en muchos casos, impidió que la juez cometiera otro acto ilegal al mantenerme presa —como habían planeado— durante el resto del mes de diciembre. Habían pensado que este libro, Los demonios del Edén, quedaría desacreditado una vez que me doblegara por la tortura, los tratos crueles e inhumanos y las amenazas de muerte para mí y mi familia. Pero eso nunca sucedió.

En el escenario más optimista, lo que se orquestó fue una orden de aprehensión artificial para tener la posibilidad de infligirme el mayor castigo posible; una vendetta por haberme atrevido a hablar de los poderosos. El traslado, el despliegue desproporcionado de recursos policiacos, la tortura física y psicológica y el típico sabadazo que intentaban aplicarme formaron parte de una maquinación que sólo puede explicarse por la “compra” de la justicia por parte de un particular para afectar a una periodista y defensora de los derechos humanos que se atrevió a exhibir al poder detrás de la pornografía infantil.

En el peor escenario, si mi equipo y las redes de mujeres y periodistas no hubieran denunciado a tiempo este “secuestro legal”, pudo pasar incluso lo peor (que se me aplicara una ley fuga o sería un nombre más en la lista de desapariciones forzadas de mi país).

Lo cierto es que una simple denuncia por calumnia, improcedente —porque tengo las pruebas de todo lo que afirmo en este libro—, consiguió lo que agresores de mujeres y otros delincuentes de alto calibre no habían logrado en todos mis años como periodista y activista feminista contra la violencia: sacarme de mi ciudad, despojarme de la protección y dejarme por completo indefensa y vulnerable durante más de veinte horas, en zonas aisladas y deshabitadas, sin saber si podría perder la vida a manos de un puñado de policías. Sin embargo, la muestra de ese descarado vínculo entre las mafias políticas y criminales despertó una reacción social poderosa de gran indignación; así que, acompañada de cientos de miles de personas solidarias, decidí enfrentarme a ellos con toda la fuerza, el poder y la integridad de la que un ser humano es capaz.

UN JUICIO EN CONTRA DEL PERIODISMO

El carácter irregular de mi detención y posterior encarcelamiento cobró sentido cuando resultó evidente, en los siguientes días, que mi aprehensión y el juicio correspondiente habían sido negociados entre Kamel Nacif y el gobierno de Puebla. De manera increíble, las propias autoridades admitieron tanto la colaboración como el hecho de que para ellos mi caso ya había sido juzgado y sentenciado, ¡mucho antes incluso de que pudiera presentar pruebas para defenderme de la denuncia por difamación! Es tal la prepotencia y la costumbre de usar la ley con fines represivos, que estos funcionarios hicieron caso omiso de la separación de poderes y de la legalidad, y más aún, lo festinaron ante la prensa, como resulta evidente en las siguientes notas periodísticas:

“Admite la procuraduría poblana graves anomalías en el arresto.” “Si a la periodista Lydia Cacho no se le notificó sobre la orden de aprehensión en su contra fue para evitar que hiciera ‘un escándalo’, declaró Blanca Laura Villena Martínez, titular de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, quien así reconoció que a la defensora de los derechos humanos no se le advirtió sobre la decisión del juez quinto de lo penal para detenerla por el delito de difamación” (publicada en La Jornada, 22 de diciembre de 2005). Con esa declaración, la procuradora de Puebla asume que hay dos clases de personas: las y los ciudadanos y las y los periodistas. Para ella, quienes ejercen el periodismo no deben recibir citatorios, sino ser aprehendidos directamente. Y el gobernador añadiría: no sólo deben ser aprehendidos sino también condenados (antes de presentar pruebas en su defensa).

“Admite Nacif apoyo de gobernador Marín.” “Kamel Nacif admitió el apoyo del gobernador de Puebla, Mario Marín, para generar una orden de aprehensión en contra de Lydia Cacho, por supuestas calumnias y difamación en su agravio. ‘Le pedí al señor gobernador [de Puebla] de que esta señora me está calumniando, así, así, y él me dijo: aquí no se calumnia a nadie, y ¡pum! que le dictan la orden de aprehensión.’ ‘Porque esta señora dijo en un programa de televisión que yo tenía 100 denuncias de acoso sexual de costureras… Pues chingaos, qué malos gustos tengo yo’, señaló” (publicada en Reforma, 24 de octubre de 2005).

“El gobernador de Puebla dijo que ya se ha explicado hasta el cansancio el tema de Lydia Cacho, y que para él es un asunto cerrado.” “El gobernador de Puebla, Mario Marín, dijo que, para él, la escritora Lydia Cacho es una delincuente, y si no, que lo demuestre. ‘En Puebla se respeta la ley, no hay impunidad contra nadie, y a la persona que comete un delito se le llama delincuente, para mí es un delincuente o una delincuente que cometió un delito’” (publicada en Reforma, 23 de diciembre de 2005. Puesta en internet el 22 de diciembre, un día antes de que la juez dictara su resolución).

En consecuencia, y para sorpresa de nadie, el viernes 23 de diciembre, la juez quinto de lo penal me declaró auto de formal prisión una semana después de mi detención, pese a las pruebas presentadas.

ALGO ESTÁ CAMBIANDO

Hace no muchos años el comportamiento del gobierno de Puebla y el uso descarado de la justicia por parte de los poderosos no habría generado mayor sorpresa. En esta ocasión, en cambio, la respuesta resultó abrumadora. Organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, así como las dedicadas a la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión se pronunciaron a favor de mi caso: Amnistía Internacional, el Committe to Protect Journalists (CPJ) de Nueva York, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización Mundial contra la Tortura, la Sociedad Interamericana de Prensa, Article 19, entre otras muchas). Diversas organizaciones civiles en México y el mundo, la UNESCO, la Cámara de Diputados, el gobierno de Quintana Roo, los noticieros y diarios prácticamente de todo el país, cientos de colegas y amistades, una docena de articulistas nacionales… dos países me ofrecieron asilo político e incluso senadoras y políticos priístas rechazaron el proceder del gobernador Mario Marín.

Esta respuesta se debe en mucho a dos factores con los cuales las víctimas de injusticias en México no suelen contar. Por un lado, la exposición que me proporciona mi oficio periodístico y mi trayectoria a favor de los derechos humanos, acompañada de mis conocimientos para llevar a cabo planes de seguridad y tomarme muy en serio las amenazas de muerte; y por otro, el descaro y los excesos cometidos por las autoridades poblanas, que en este caso intentaban encubrir a una poderosa red de políticos y empresarios que violaban niñas y niños rentados a Jean Succar Kuri, el tratante de niñas de Cancún.

Mi caso evidenció a nivel internacional dos terribles anacronismos de las leyes de imprenta e información en México:

La “criminalización” de las y los periodistas. El nuestro era en ese momento uno de los pocos países occidentales en donde aún se castiga con cárcel este tipo de delitos. En el fondo, la calumnia y la difamación son delitos de opinión. Los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México y la Constitución misma consagran el derecho a la libertad de expresión. Nadie debe ir a la cárcel por opinar de determinada forma. Desde luego, es sensato que las leyes contemplen penalidades económicas para estos delitos, pero no la cárcel. La difamación, tal como la definen las leyes, se traduce en una acusación absurda. El código de Puebla (artículo 357), muy similar en todo el país, señala: “La difamación consiste en comunicar a una persona o más personas, la imputación que se le hace a otra, física o jurídica, de un hecho cierto o falso, que le cause deshonra, descrédito, perjuicio o lo exponga al desprestigio de alguien”. Es decir, no importa que un periodista diga la verdad, puede merecer cuatro años de cárcel si el demandante asegura que esa verdad dañó su prestigio. En otras palabras, Arturo Montiel podría demandar prácticamente a todos los medios del país que divulgaron los datos de su fortuna inexplicable, porque esa divulgación afectó sus posibilidades de llegar a la Presidencia, o Enrique Peña Nieto podría haber encarcelado a Carmen Aristegui y su equipo por demostrar que la adquisición de la mansión denominada la Casa Blanca fue producto de actos de corrupción que implicaron un serio conflicto de interés. La estricta aplicación de ese artículo mandaría a prisión a buena parte de las y los periodistas mexicanos. Más aún, el espíritu del artículo haría imposible el ejercicio del periodismo en México.

Son leyes, pues, absolutamente anacrónicas, que se aplicaban muy de vez en cuando en nuestro medio. Sin embargo, estaban ahí como una espada de Damocles para ser usada cuando conviene a un poderoso o una autoridad indignada. Muchos hombres y mujeres periodistas se han jugado la integridad, la libertad y la vida antes que yo; sin embrago, mi caso fue la gota que derramó el vaso y logró que se descriminalizaran estos delitos; ahora, diez años después son delitos civiles, no penales.

El riesgo no residía en las acusaciones por calumnia (pude comprobar por completo la veracidad de las citas que se hacen sobre Kamel Nacif en este libro), sino en la denuncia por difamación, porque dependía de la interpretación de la justicia poblana, de una juez comprada por mi acusador, el considerar si existía dolo de mi parte.

Yo no pedí estar en medio de esta tormenta; fueron ellos los que prácticamente me secuestraron y me obligaron a defenderme. Las autoridades de Puebla se quejaron de que al recurrir a los medios politicé el asunto, pero fueron ellas las que convirtieron una querella entre dos particulares en un asunto político, cuando se involucró directamente al poder Ejecutivo para corromper al poder Judicial a fin de forzar una aprehensión y una sentencia. Aunque la denuncia debió ser presentada en Quintana Roo, donde sucedieron los hechos, o en el Distrito Federal, donde fue publicado el libro, de forma tramposa se registró en Puebla, donde el demandante se siente dueño de la justicia. (Un dato curioso: la demanda fue presentada en el Misterio Público Especial para Delitos Electorales, pues en el papel membretado de ese tribunal reza “Misterio Público”, en lugar de Ministerio Público.) ¿Qué esperaban con todo esto? ¿Querían que aceptara pasivamente lo que es una evidente compra de la justicia por parte de un magnate amigo de políticos? ¿Esperaban acaso que yo me asustara y retractara? Después de conocer estas historias de compraventa de seres humanos, de violación de niñas y niños, así como de lavado de dinero y corrupción política, ninguna periodista con ética se retracta ni se da por vencida; nuestro oficio se debe a la sociedad, implica riesgos y hemos de estar preparadas para enfrentarlos. Yo lo estaba, pero el sexismo de mis captores les impidió creer que existen las mujeres valientes que no se venden.

Es tal la indignación que ha generado la persecución política de la que he sido objeto, que terminó convirtiéndose en el motor de algo más importante, más trascendente, para dejar atrás esta absurda mordaza o amenaza al ejercicio periodístico y al derecho de la sociedad a estar enterada de las malas prácticas y los vicios de la vida pública.

En lo que a mí respecta, demostré plenamente que soy inocente de ambos cargos. Las menciones sobre Kamel Nacif en el libro carecen de dolo y fueron extraídas del propio testimonio de las víctimas del pederasta Succar Kuri, que se encuentra en los expedientes de la PGR. Y por lo que respecta al daño a la reputación de Nacif, con facilidad puedo comprobar que tal reputación se encontraba ya en entredicho por las numerosas notas periodísticas, publicadas antes de la edición del libro, relativas a su detención por el FBI, sus relaciones con el juego y el presunto lavado de dinero en Las Vegas, así como con los escándalos alrededor del Fobaproa gracias al cual Nacif se enriqueció.

El libro Los demonios del Edén, que tiene usted en sus manos, lleva como subtítulo “El poder que protege a la pornografía infantil”. Nunca como ahora estuve tan convencida del enorme poder de estas redes, capaces de mover gobiernos y violar las leyes en detrimento de quienes se atreven a denunciar sus prácticas y defender a sus víctimas. Diez años después de su primera publicación, lo que advertí como un fenómeno creciente —la pornografía infantil en internet, la trata de niñas, niños y jóvenes para fines de explotación sexual— se ha hecho realidad. Ahora he revisado personalmente este libro que cambió mi vida y la vida de cientos y tal vez miles de personas. Me siento orgullosa de mi trabajo, honrada por la valentía y sinceridad de las víctimas que confiaron en mí, por vivir en un país de personas que se rebelan y salen a las calles a decir basta, a buscar más y mejores formas de proteger a la infancia.

Lo que mis colegas dieron en llamar “el caso Lydia Cacho” rebasa por mucho a mi persona, y asumo que se convirtió en un símbolo del riesgo que corre cualquier periodista en México que se atreva a tocar a fondo los temas que, incluso para el Estado mexicano, han sido intocables. En ese sentido, no estoy dispuesta a negociar mi dignidad con los poderosos para proteger mi libertad, porque, de hacerlo, negociaría la dignidad del periodismo mexicano: hoy yo, mañana cualquier otro, otra colega.

LYDIA CACHO

Junio de 2015

Introducción

Escribir o leer un libro sobre el abuso y comercio de menores no es fácil ni agradable. Sin embargo, resulta más peligroso guardar silencio sobre el fenómeno. Ante la muda complicidad de la sociedad y el Estado, cientos de miles de niñas y niños son víctimas de comerciantes que los convierten en objetos sexuales o esclavos de millones de hombres que encuentran en el abuso sexual infantil y en la pornografía un deleite personal sin cuestionamientos éticos. Para esta investigación tuve que aprender cómo funciona la red profunda (Deep Web), me senté durante horas frente a hackers expertos que me explicaron, en el año 2004, cuando esto era una novedad, cómo entrar en el mundo de la investigación cibernética; aprendí cómo encontrar los vínculos entre un pedófilo y otro, cómo los depredadores de la red se encontraban y conectaban desde Tailandia hasta el Estado de México y por qué funcionan de manera diferente a los depredadores sexuales que buscan a sus víctimas en las calles. Me encontré con gente estupenda trabajando par ...