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MANIFIESTO MEXICANO

Denise Dresser  

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Fragmento


PRÓLOGO

PROMESAS INCUMPLIDAS

Aquí, nosotros, mexicanos atorados en el largo proceso de desencuentros, rupturas, deslealtades y corrupción que fue minando la esperanza de dignificar y consolidar el régimen democrático del país. Tendríamos que bautizar los últimos años como el periodo del desencanto, escribe Mauricio Merino en El futuro que no tuvimos. Un periodo específico, determinado, cognoscible, comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y hoy. Un ciclo fechable que empieza con la ruptura de los pactos políticos que dieron origen al IFE autónomo y que termina con el regreso del PRI a Los Pinos: y lo que hizo estando ahí. Un ciclo de todo lo que hemos presenciado y padecido desde entonces.

Atrás quedaron los acuerdos sensatos y honestamente comprometidos con la construcción de un nuevo régimen democrático. Atrás quedó aquella “joya de la corona” que fue un IFE creíble, admirado, autónomo. Atrás quedaron los acuerdos que tenían como objetivo una repartición más justa y más ciudadana del poder. En su lugar quedaron las malas artes y los conflictos y las trampas y la polarización. La transición de un sistema de partido prácticamente único, a uno en el que los beneficiarios fueron otros partidos similares, con sus arcas repletas de dinero público. El encono de la sociedad producto de los pleitos incesantes entre la clase política. La sensación de que la democracia no ha servido para resolver los problemas del país sino para exacerbarlos. El sentimiento de desamparo ante la Casa Blanca, Odebrecht y OHL y Ayotzinapa y los Duarte y el espionaje gubernamental a periodistas y tantas vejaciones más.

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Hace apenas unos años, el sentimiento compartido por muchos fue que México iba a la alza por el “reformismo modernizador” de Enrique Peña Nieto. Por la reforma educativa que empujaba. Por la reforma a las telecomunicaciones que impulsaba. Por la reforma energética que instrumentó. Por la reforma fiscal que logró. Por la apertura inusitada de Pemex. Por la imagen de profesionalismo que Peña Nieto cultivó y el cierre de filas que el “Pacto por México” indujo. Por “el momento de México” que los especialistas en imagen gestionaron. La percepción de éxito generó éxito, y Peña Nieto inicialmente cosechó el suyo con creces. Moviendo a México, proclamaban sus acólitos.

Y, en efecto, México se movió pero no en la dirección correcta. Ahora vivimos la angustia compartida ante la certidumbre de que la vida pública se ha corrompido ‒sin distinciones ni matices‒ entre partidos y gobernantes. La desilusión extendida ante el abandono de las promesas de profesionalización de la gestión pública y la partidización de las instituciones. Ante la prevalencia de la cuatitud, la amistad y las lealtades políticas en el nombramiento de funcionarios públicos. Ante el abierto rechazo de los gobiernos a abrir la información exigida por el INAI. Ante la opacidad que persiste en la fiscalización del dinero público a nivel federal, estatal o municipal. La repartición del botín partidario sin consecuencias, sin efectos, sin sanciones. He allí los plurinominales de todos los partidos para constatarlo. Los “moches” que han recibido tantos diputados y senadores para evidenciarlo. Las candidaturas de tantos señalados de corrupción para subrayarlo.

En el gobierno tenemos a personajes de todos los partidos que actúan como si vivieran en el Palacio de Buckingham. O en Versalles. O en Topkapi. O en la Alhambra. O en el Castillo de Windsor. Nuestros secretarios de Estado, nuestros magistrados, nuestros diputados y senadores se comportan como nobles, por cuyas venas corre la sangre azul de una casta divina. Los aristócratas, aparcados en grandiosas residencias, rodeados de servidumbre atenta a cada deseo; caminando en sus palacetes privilegiados donde nada los toca. Nada los perturba. Nada los inmuta. Lejos de la turba enojada que se manifiesta en las calles, molesta y con razón. Lejos de la irritación social que descalifican, y sin empatía, porque son totalmente insensibles, viven totalmente desconectados de la realidad de millones de mexicanos que miran el futuro con aprehensión.

Porque mientras la desigualdad crece, los consejeros del INE exigen los IPhone 7 de 20 mil pesos para cada uno. Porque mientras la capacidad de compra disminuye, las prerrogativas para los partidos ascienden. Porque mientras el valor del peso cae, los bonos en el Congreso aumentan. Un trabajador que gana el salario mínimo sólo puede comprar 33 por ciento de la canasta básica, pero un magistrado que gana más de 200 mil pesos recibe 15 mil pesos en vales de gasolina. Un miembro de la clase media tiene que trabajar más para llenar su tanque de gasolina, pero los diputados acaban de gastar 6 millones de pesos para adquirir 27 autos nuevos. El PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y Morena recibieron 4 mil millones de pesos en 2017.

Unos expoliados, otros privilegiados. Unos sacrificados, otros, beneficiados. Unos trabajando, otros gastando. 955 mil millones de pesos producto del excedente petrolero entre 2001 y 2012, destinados a prebendas electorales y transferencias presupuestales y prestaciones gubernamentales. 955 mil millones de pesos que nadie sabe a dónde fueron a parar, pero muchos lo suponen: a los gobernadores y las elecciones que compraron; a los líderes sindicales y las fortunas personales que acumularon; a las pensiones y la falta de productividad que taparon. Años de ineficiencias monopólicas en Pemex, años de subsidios injustificables a la gasolina, años de descontrol del gasto público, años de desperdiciar dinero en lugar de invertirlo.

Se tenía que mantener la paz social vía una estrategia clientelar, vendiendo petróleo para comprar votos. Había que perpetuar los privilegios de los príncipes mexicanos, usando el erario para asegurar prebendas. Casas Blancas y casas en Malinalco, aviones privados y sueldos desbordados, guaruras armados y IPhones garantizados. Enrique Peña Nieto increpó nuestra falta de comprensión, cuando comprendemos demasiado bien. Nos regañó cuando debimos regañarlo a él y a quienes lo acompañaron y lo habilitaron. Los miembros del equipo de Peña Nieto resultaron ser más corruptos que inteligentes. Más acostumbrados a esconder que a rendir cuentas. Más inhumanos que mexicanos.

Eso es lo que indigna, más allá de los datos y las cifras de quienes exigían que hiciéramos bien las cuentas y celebráramos lo que el peñaniestismo logró. La sensación de injusticia profunda, de agravio. 126 mil millones de pesos gastados por el gobierno del PRI en publicidad y comunicación social. Las “remuneraciones extraordinarias”. Las compensaciones a funcionarios públicos por “vida cara” y operaciones encubiertas o confidenciales. Los 4 millones 400 mil pesos a una licitación para el mantenimiento y reparación de 121 vehículos que la Cámara de Diputados tiene a su disposición. Gastos superfluos. Gastos innecesarios. Gastos que deberían destinarse a escuelas y hospitales, pero acaban en moches o bonos. Aunque afuera en la calle, donde muchos pasan la noche sin dormir por lo sufrido, en los palacios sigue la fiesta, el despilfarro, los vales y los celulares, y los aguinaldos, el champán descorchado en los pasillos del Senado y la Cámara de Diputados. Un país donde algunos gozan la abundancia y otros padecen la austeridad, unos son totalmente exprimidos y otros son “totalmente palacio”.

La economía sigue sin crecer lo que debería. La deuda de la desigualdad social sigue sin saldarse. Poco a poco tenemos conciencia de que los errores de gestión del gobierno no se han corregido. Las autoridades siguen asignando recursos crecientes a programas politizados, que en lugar de nivelar a la sociedad la hacen más desigual y generan mayores incentivos para la informalidad. Las autoridades siguen gastando el dinero público a manos llenas en medio de fallas, equivocaciones y actos de corrupción tan escandalosos como el de Javier Duarte, entre muchos otros. Estos problemas acumulados no han encontrado sanción ni solución. Los partidos se culpan unos a otros, se aprovechan electoralmente de los errores del contrario antes de corregir los suyos. No vemos soluciones de conjunto. No vemos la creación de un sistema completo para rendir cuentas o usar mejor el dinero público o responder a las necesidades de una ciudadanía crecientemente enardecida.

En el ámbito electoral tenemos una democracia sin garantes. Una semi-democracia con instituciones que no saben defenderla o no quieren hacerlo, ya sea por presiones, chantajes o falta de voluntad o cobardía. Ya sea por la reducción de su labor al escrutinio de actas, minimizando el mandato constitucional de asegurar la equidad y el piso parejo. Árbitros complacientes que terminan por avalar todo aquello por lo que fueron elegidos para impedir. La compra de votos, las tarjetas rosas, el uso electoral de programas sociales, el desvío de recursos públicos mediante tarjetas de débito y tanto más. Las mañas del PRI-gobierno que corren en contra del juego limpio. Los fauls que el árbitro concede, mientras el PRI ha dado tiro libre contra la democracia. Gol tras gol.

Pero más grave aún: en este periodo del deterioro democrático la inseguridad se ha implantado como rutina común. Muertos, heridos, torturados, desaparecidos, fosas con cadáveres de miles de desconocidos. La macabra puntualidad de la muerte en Estado de México y en Michoacán y en Tamaulipas y en Guerrero. El Estado muestra tanto su poder de fuego como su impotencia frente al crimen que ayudó históricamente a cobijar. Muestra que la corrupción de sus ramas más indispensables ‒las policías, las cortes, los Ministerios Públicos‒ se ha vuelto cosa de todos los días. Hoy queda claro que el desafío principal ya no es sólo salvar a la democracia sino salvar al Estado; rescatar su capacidad para garantizar la seguridad mínima que México necesita para sobrevivir.

Quien ha revisado las cifras sobre homicidios, secuestros, desapariciones o tortura en México lo sabe. Documento tras documento retrata a un país que las autoridades se niegan a mirar, enfrentar, reconocer. Existe una verdad que prefieren no escuchar. Ni de la CIDH, ni de la OEA, ni de la ONU, ni del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre Ayotzinapa. La verdad sobre la grave crisis de derechos humanos que vive México y que al no ser encarada, persistirá. La inseguridad. Las graves violaciones, en especial la desaparición forzada. Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Los niveles críticos de impunidad y la atención insuficiente a las víctimas. Lo que día con día enfrentan los pobres, los migrantes, los desplazados internos, los indígenas, las mujeres, las minorías sexuales, los periodistas. Tantos a quienes se les hostiga, se les dispara, se les desaparece, se les silencia con impunidad.

Esto no es nuevo. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se refiere, en sus informes sobre México, a una “situación estructural”, pues continúan los asesinatos y el número que el gobierno da de ellos no es confiable, lo comparte sin identificaciones individuales, sin un total de personas ejecutadas o desaparecidas. La verdad es alarmante y ojalá nos alarmáramos. Allí están las cifras y los testimonios sobre secuestros a manos de la delincuencia organizada. O las desapariciones forzadas a manos de agentes del Estado. El pasado presente. La impunidad de ayer –arrastrada desde 1968– viva hoy. Producto de gobiernos cómplices o ineptos o incapaces de llevar a cabo investigaciones confiables. Como la PGR y su “cadena de custodia” en Ayotzinapa. Como la PGR y su siembra de armas a adversarios políticos. Como la PGR y su resistencia a instrumentar las medidas cautelares que le son exigidas para proteger a periodistas o a testigos.

Esto obliga a los familiares a descubrir y remover en fosas por su cuenta. A ir de organización en organización en busca de información que no encuentran. A cargar carteles con las fotografías de sus desaparecidos, con la esperanza de que alguien ‒algún día‒ en el gobierno los escuche. A colar tierra en busca de las dentaduras de sus hijos. Los angustiados, los desconsolados, en búsqueda perpetua porque el Estado no cumple con su deber de investigar, documentar, apoyar, reparar. Porque el Estado parece odiar la fiabilidad y por ello se empeña en sub-registrar las cifras. Porque a pesar de las reformas importantes en derechos humanos, introducidas en México, persiste una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad de millones de mexicanos. Muchos descobijados, sin acceso a la justicia independiente, la justicia expedita, la justicia veraz, los números correctos, el recuento real. Un urgente acceso a la verdad, pues. Ya que la verdad puede doler, pero las mentiras matan.

La ruta del deterioro prosigue porque ninguno de quien está en el poder quiere abandonar el guion que les permite ejercerlo con impunidad. Porque los actores fundamentales siguen siendo los mismos. Porque el voto para el PRI fue un voto a favor del pasado. Porque el pacto de impunidad existe y persiste. Ese pacto que produce una “pinche justicia”, como exclamara un defensor de derechos humanos en un exabrupto al cual muchos quisiéramos sumarnos al ver lo que pasa y no pasa en México. Javier Duarte y Guillermo Padrés y César Duarte y Tomás Yarrington y los otros miembros de una larga lista de expoliadores o defraudadores.

México se ha convertido en un país en donde –en palabras de Juan Villoro– “el carnaval coincide con el apocalipsis”. Con un circo montado en torno a políticos que fueron presumidos como nuevos priistas y resultaron ser criminales tolerados. Con años de denuncias en Veracruz sobre la República rapaz que Duarte construyó ahí. Años de saber lo que el reportaje de Animal Político sobre las empresas fantasma del gobernador sólo documentó. Años en los cuales las instituciones básicas del Estado mexicano no levantaron un dedo para investigar, para vigilar, para actuar. El periodismo vino a suplir las falencias de un gobierno que en cuanto a Estado de Derecho se trata, no quiere o no puede asegurarlo.

¿CORRUPTOS POR CULTURA?

En las mediciones anuales producidas por The World Justice Project sobre el Estado Derecho, México lleva años cayendo. Y los peores indicadores tienen que ver con corrupción y justicia penal; con mediciones sobre la mordida, el uso indebido del puesto público, la asignación inapropiada de recursos públicos. Con mediciones sobre la calidad de la investigación criminal, el sistema carcelario, la imparcialidad de la justicia penal, la protección del debido proceso y los derechos del acusado. México sale reprobado en cada rubro. México es señalado por lo que no logra reformar.

Por razones ampliamente conocidas. Una clase política que no quiere perder los privilegios acumulados y la impunidad garantizada. Un Sistema Nacional Anticorrupción que arranca lentamente y requiere autonomía real de sus fiscales, para no sólo cambiar de membrete institucional. Un sistema judicial podrido que no logra adaptarse a las exigencias y requerimientos de los juicios orales. Un sistema policial que fue creado para ser instrumento del poder y no mecanismo protector del ciudadano. Procuradores que no investigan, jueces que cierran los ojos ante la tortura, policías que detienen en flagrancia y no como parte de una investigación previa, ministerios públicos que no recaban pruebas suficientes. Nuevos sistemas encubriendo viejos vicios.

El caso de Odebrecht lo confirma. En Perú cae Kuczynski, en Ecuador persiguen a Ollanta Humala, en Guatemala exponen a Otto Pérez Molina, en Venezuela los reflectores se posan sobre Maduro. ¿Y en México? Nada. Aquí no prospera la investigación, aquí persiste la impunidad. Aquí algunos son acusados, pero ninguno es indiciado. Aquí estalla el escándalo pero pocas veces hay consecuencias. La empresa brasileña tejió una amplia red de corrupción a través de sobornos a lo largo del continente. Pero mientras en otras latitudes la madeja se deshila, en nuestro país la protección persiste. ¿Acaso México fue el único país inmune a la operación Odebrecht?

La explicación es política y también institucional, no cultural. Tiene que ver con el silencio que el gobierno impuso ante las sospechas de financiamiento ilegal en la campaña de Peña Nieto. Tiene que ver con el manto protector que colocó encima a funcionarios involucrados en contratos de obra pública, los más propensos a la corrupción. Tiene que ver con la ausencia de una PGR autónoma, independiente y la sujeción de procuradores al presidente y su camarilla. Amigos, cuates, compadres, cuidadores. Personas con un perfil y con una trayectoria de lealtad política al frente de instituciones que no fueron diseñadas para combatir la corrupción sino para ocultarla.

Sí, la corrupción, que se ha vuelto tan común. Tan constante. Tan normal, incluso más allá del gobierno. Vista en el empresario que consigue facturas falsas para evadir impuestos. El vecino que se cuelga de la luz para no pagar el recibo, el comerciante que compra mercancía de contrabando porque es más barata, el contador que encuentra maneras de evadir al fisco, el que paga la mordida al policía para que no lo multe, el que da para el refresco a quien recoge la basura. Actos cotidianos de corrupción en los que participan millones de mexicanos. Actos compartidos que le permitieron a Enrique Peña Nieto argumentar que nadie puede tirar la primera piedra cuando de este tema se trata. Todos copartícipes, todos cómplices.

Es cierto que la corrupción en México tiene una base social, un piso que la sustenta. Se ha vuelto –como argumenta Sara Sefchovich– una práctica socialmente aceptada, establecida. Tan es así que ahora hay un libro satírico llamado El Corrupcionario: un compendio de 300 palabras asociadas a este fenómeno tan integrado en nuestra sociedad. Palabras como “chayote”, “chapulín”, “dedazo”, “moches”, “hueso”, “mapachear”. Frases como “haiga sido como haiga sido”, “aceitar la mano”, ayúdame a ayudarte”, ¿cómo nos podemos arreglar?”, “con dine ...