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NOCHIXTLáN

Emma Landeros Martínez  

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Fragmento


PRESENTACIÓN

¿Qué hubo detrás del Domingo Negro de Nochixtlán? ¿Cuáles fueron los propósitos del gobierno? ¿Cuál fue el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Por qué hubo resistencia al diálogo? ¿Por qué ninguna autoridad se pronunció durante las varias horas que duró el ataque?

El 19 de junio de 2016, poco después de las 8:30 de la mañana, algunos medios de comunicación nacionales comenzaron a enviar informaciones breves sobre “un enfrentamiento” entre policías y maestros. La idea era disolver un bloqueo en la carretera que conecta la Ciudad de México con Oaxaca, el cual llevaba varios días sin permitir el paso principalmente a transportes de empresas transnacionales, pero sí a sociedad civil en ciertos horarios durante el día.

Para los medios ya se había hablado de muertos durante los hechos violentos, el seguimiento se dio en tiempo real, pero a lo largo de esas más de ocho horas no hubo ningún pronunciamiento por parte de alguna autoridad, pese a que toda esta violencia sucedió en un camino federal, la autopista Oaxaca-Cuacnopalan-México.

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Los policías herían y mataban en despoblado, los habitantes combatían con piedras, palos, cuetes y machetes. Aquel había sido el bloqueo más importante del país en ese momento. Dos elementos sostienen esta afirmación: “Se ubicó en la puerta de la región Mixteca y a los maestros se habían unido los padres.” No los apoyaban, sino que también protestaban por sus intereses y los de sus hijos, argumentaron.

Es posible que el caso Nochixtlán se gestara —sin saberlo— el día que el legislativo votó la Reforma Educativa. Si no era el principal motivo, pudo servir para excusa de todos los actos represivos que a partir del 2013 comenzaron a perpetrarse no solamente en contra del magisterio, sino de la sociedad civil que en muchos casos no tuvo nada que ver con los movimientos sociales.

Porque, como la mayoría de las grandes decisiones (económicas, políticas y sociales) en este país, se han tomado sin el pueblo. Una acción que, así lo muestra la historia de México, siempre trae consigo el derramamiento de sangre de los de abajo cuando éstos han alzado la voz.

Con aciertos o cuestionamientos en la Reforma Educativa, lo cierto es que el diálogo fue constantemente negado. En las calles también se vio salir a padres de familia para protestar contra el magisterio, exigiendo que las clases se reanudaran, quizá eran pocos pero ejercían presión. Sin embargo, para 2016 en regiones como Chiapas, Michoacán, Guerrero y Oaxaca fueron los padres quienes se acercaron a los maestros para unirse a la protesta.

El bloqueo de Nochixtlán fue uno de los grandes reflejos que convirtió la lucha magisterial en una civil por la educación, pero también por el bienestar social de uno de los pueblos, dentro de uno de los estados más golpeados por la pobreza.

Aquel plantón era resguardado por pobladores de distintas comunidades de la Mixteca. La idea era que se reabrieran mesas de diálogo; esta vez incluyendo a los padres de familia. Sin embargo, la respuesta fue por la vía de la violencia.

El lunes 13 de junio del año 2016, aproximadamente a las 12:00 horas, al mediodía, cerca del bloqueo se estacionó un convoy de vehículos con elementos del ejército mexicano, a la altura de Asunción Nochixtlán, el propósito era abrir paso a unos autobuses que trasladaban a elementos de la Policía Federal, pero no lo lograron. Los maestros no permitieron su paso, por lo cual las fuerzas federales usaron un camino de terracería para cruzar aquel punto.

Pero al llegar a San Antonio Etlatongo encontraron obstruido el paso, pues se estaba celebrando la fiesta del pueblo; ante esta situación, los elementos del ejército mexicano se dirigieron en dirección a la Ciudad de México, en tanto que los federales hacia su destacamento ubicado en Asunción Nochixtlan.

Pasadas las seis de la tarde la población se percató de que los mismos autobuses del medio día se movían sin pasajeros, pues ya no transportaban a los elementos federales; testigos señalaron que los policías se quedaron en la población de Nochixtlán, situación que se corroboró a las ocho de la noche de ese mismo día.

Se comenzó entonces a alertar a la población de movimientos de personas ajenas a la comunidad, que de forma evidente se fueron adentrando hacia el rancho denominado Yodonhuio, así lo informa documentación en poder de esta reportera; cabe señalar que dicho lugar es propiedad del expresidente municipal y actualmente diputado local priista por el distrito de Nochixtlan, Herminio Cuevas Chávez.

Para el 14 de junio, los habitantes se percataron además de que varios taxis entraron y salieron del rancho de Yodonhuio, lugar en donde se observó que los policías federales se resguardaban. En otro momento se volvió a percibir dicho movimiento, según la población. Para el 16 de junio, aproximadamente a las once de la noche, varios testigos se dieron cuenta que, cerca del rancho de Herminio Cuevas, había gente apostada vigilando la zona en dirección del bloqueo carretero y al lado de ellos había camionetas con las luces apagadas.

El 17 de junio, alrededor de las ocho de la noche, testigos notaron que las luces del panteón estaban apagadas, era una situación realmente inusual, por lo que fue reportada con el Regidor de Hacienda de Nochixtlán, Filiberto Luis Cruz Manzanares, quien refirió que se habían fundido las lámparas, pero que se iban a reparar. Sin embargo, tras la investigación de los mismos pobladores, lo que realmente sucedía era que la línea de corriente había sido cortada; asimismo, el portón del panteón en dirección a la supercarretera estaba sin candado y totalmente abierto.

Ya para el 18 de junio la población se mantenía en alerta. Los habitantes pensaron que los policías disolverían el bloqueo y se quedarían resguardando la zona para que los manifestantes no volvieran, pero ese mismo día llegaron tres autobuses con personas vestidas de civil a bordo, tenían botas y corte militar, el grupo de casi cien personas se quedó en el hotel Juquila, que se encuentra a las afueras del pueblo y a orillas de carretera.

El 19 de junio, aproximadamente a las seis de la mañana, el chofer de una camioneta de transporte público informó a las personas que se encontraban en el bloqueo, que un convoy de autobuses, carros y automóviles que transportaban elementos de la Policía Federal iba hacia Nochixtlán, la misma información fue corroborada a las seis y media de la mañana por otro chofer.

Aproximadamente a las siete de la mañana, en el plantón estuvieron reunidos alrededor de 50 manifestantes, entre hombres y mujeres, ubicados exactamente debajo del puente de la supercarretera cerca del poblado de Nochixtlán, según informes. A esa hora vieron por primera vez a elementos de la policía que se quedaron a una distancia aproximada de 500 metros respecto a ellos. Los manifestantes narraron que las fuerzas policíacas se comenzaron a formar estratégicamente, la reacción inmediata fue la de organizar una comisión para abrir el diálogo con los elementos de la policía.

Ya dispuestos a ir a su encuentro para hablar, vieron que los policías también fueron acercándose y, sin mediar palabra alguna, a una distancia aproximada de 200 metros comenzaron a aventar en forma constante bombas de gas lacrimógeno contra los manifestantes. En cuestión de minutos comenzó la agresión desproporcionada del Estado en contra de los pobladores.

La reacción de los padres de familia y maestros fue correr hacia el pueblo de Asunción Nochixtlán para resguardarse en el panteón municipal; sin embargo, el miedo comenzó cuando vieron que lejos de quedarse en la zona del bloqueo, los policías comenzaron a perseguirlos mientras lanzaban bombas de gas lacrimógeno, argumentaron las víctimas.

No perdieron tiempo y siguieron avanzando hacia el panteón, sin saber que ahí ya había elementos policiacos apostados. De inmediato y con desesperación, retrocedieron hasta la entrada del hospital básico comunitario de Nochixtlán; fue en ese momento que empezaron a llegar más habitantes de la comunidad, quienes intentaban hacer retroceder a los policías, su objetivo era no permitirles el paso hacia la población.

“Era evidente que la intención de los policías no era desalojar el bloqueo, sino realizar una agresión directa y dolosa en contra de la población, ante esto la policía se dispersó hacia el hospital. La policía logró en cuestión de minutos el desbloqueo, pero en lugar de retirarse siguieron agrediendo”, declaró el abogado Maurilio Santiago Reyes, quien tiene a su cargo la defensa de un grupo de víctimas en busca de justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La presente investigación periodística tiene como propósito describir con la mayor nitidez posible la huella de lo letal que puede ser el Estado ante la lucha y defensa de un pueblo. Y así exhibir un poco de la cruda realidad de este país. Porque no se puede ser ajeno al dolor proveniente de aquellos mexicanos que aun en el olvido son parte de este México tan lacerado.

Página a página, respaldado por los testimonios, informes, explicaciones de expertos y cifras se evidencia que lo sucedido en Asunción Nochixtlán no fue un enfrentamiento, sino un ataque, de los más violentos, perpetrado por el Estado usando como brazo represor a la Gendarmería, las fuerzas policiales, incluso francotiradores.

Éste es sólo un ejemplo de cómo en el presente sexenio el uso abierto de la fuerza indiscriminada y desproporcionada es cotidiano, una constante y flagrante violación del derecho internacional y los compromisos que México ha presumido en la supuesta defensa de los Derechos Humanos frente al mundo.

Aquel 19 de junio más de 100 heridos junto a los caídos dejaron derramada su sangre coincidentemente en territorios mineros justo donde quienes han osado defender la tierra han sido asesinados en completa impunidad, encajando así en una de las más viejas estrategias del Gobierno Federal para acallar sociedades combativas.

La de Asunción Nochixtlán es hasta este momento la masacre de Estado más explícita de este sexenio, pero también la más silenciada y menos conocida. Hoy, pese a las pruebas, las víctimas continúan caminando solas, buscando diálogos por demás lejanos con el gobierno y con la justicia internacional, todo en medio de traiciones y engaños por parte del Estado, de negativas ante la solicitud de atención médica para heridos (con secuelas graves) y las falsas versiones que los han revictimizado, incluso por parte del máximo órgano defensor de los derechos humanos, la CNDH.

Aquel domingo, posiblemente la orden de cualquier funcionario hubiera evitado la violencia mortal, pero parecía que ése no era el objetivo de ninguna autoridad. Y aunque se habló de que el detonante fue reabrir el paso de la carretera y disolver el bloqueo, realmente resultó ser sólo un pretexto. Aquel domingo bastaron menos de 15 minutos para diluir el plantón y observar a los manifestantes salir corriendo.

En aquel escenario también había menores de edad que fueron severamente afectados, niños de entre uno y 12 años, quienes habitan en la colonia 20 de noviembre, ubicada a las orillas de la carretera y que también padecieron los embates de los policías.

Entre las 7:15 y las 8 de la mañana, los niños se encontraban en sus patios jugando y otros dormidos; estaban solos o al cuidado de algún vecino, pues sus padres habían tenido que salir a trabajar.

Los testimonios de los menores, plasmados en el tercer apartado de este libro, describen aquel momento y los efectos que sintieron producto del gas lacrimógeno, el miedo por las balas y los gritos de los adultos que les pedían a los policías que se detuvieran porque ahí había niños y bebés, algunos de estos últimos convulsionándose a causa de los gases.

Se narran también los momentos en que los menores en medio del pánico intentan huir de la zona sin ser descubiertos por los uniformados, lo que ha significado para ellos un trauma que hasta el momento, finalizada esta investigación, se refleja en ellos al ver a un adulto desconocido o al escuchar el estallido de pirotecnia.

Mientras estos menores eran también violentados, el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, permaneció ajeno a los hechos y apareció 50 horas después solamente para informar que no tenía por qué renunciar a su cargo.

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