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PORFIRIO DíAZ. SU VIDA Y SU TIEMPO II

Carlos Tello Díaz  

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Fragmento

 

 

Para mis padres, Carlos Tello y Catalina Díaz

 

 

 

Porfirio está despechado, profundamente despechado.

FELIX ROMERO

 

 

Introducción

 

Porfirio Díaz, su vida y su tiempo dedica La guerra (1830-1867) a narrar la vida del general Díaz desde su nacimiento en Oaxaca hasta la ocupación de la capital del país al frente de sus tropas, con lo que culmina la lucha contra la Intervención y el Imperio. La ambición (1867-1884) cuenta la historia de lo que sucedió después. En el verano de 1867, con el triunfo de la República, los liberales conquistaron el poder en México. Sus enemigos, los conservadores, fueron relegados para siempre del gobierno: estarían a partir de entonces dedicados nada más a sus negocios, no volverían a participar jamás en la política de su país. Al momento del triunfo, sin embargo, los propios liberales fueron consumidos por la discordia. Llegaron confrontados a las elecciones del otoño, divididos con respecto de la reelección del presidente Juárez. Unos estaban a favor; otros estaban en contra. Los que estaban en contra postularon la candidatura de Porfirio Díaz, el general más popular del Ejército de la República. Este suceso marcó el comienzo de un periodo de la historia del país —poco recordado, por anticlimático— que enfrentó durante una década a los liberales, primero juaristas y porfiristas, después porfiristas y lerdistas, incluso iglesistas, y que terminó con la reconciliación de todos ellos bajo el liderazgo del general Díaz. La reconciliación, posible porque sus diferencias eran personales, más que doctrinales, resultaba necesaria para sentar las bases de la paz, indispensable a su vez para el desarrollo del país. Una vez lograda, a fines de los setenta, llegó el progreso a México, contundente, simbolizado por los ferrocarriles que hicieron su aparición en ese momento del siglo XIX.

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Los historiadores de finales del siglo, entre los que destacan Ignacio Manuel Altamirano, Francisco Cosmes y Justo Sierra, Ricardo García Granados y Emilio Rabasa, vieron continuidad en los gobiernos que presidieron Benito Juárez, Sebastián Lerdo, Porfirio Díaz y Manuel González, entre 1867 y 1884. Algunos de ellos, protagonistas de los hechos que describen en sus libros, colaboraron incluso con todos esos presidentes. Tras el triunfo de la Revolución, sin embargo, surgió la necesidad de reescribir la historia del tercio con el que concluye el siglo XIX. Quiero decir, la necesidad política. Había que hacer una distinción entre Díaz, derrocado por la Revolución, y Juárez y Lerdo, protagonistas de la resistencia contra la Intervención y el Imperio. Daniel Cosío Villegas fue quien le dio prestigio intelectual y académico a la teoría de la ruptura en la obra en varios tomos —monumental, imprescindible— que coordinó sobre ese periodo, la Historia moderna de México. Ella popularizó los términos, definidos por él, para marcar esa ruptura: la República Restaurada y el Porfiriato. Este libro defiende la tesis de la continuidad. La historia que aquí cuenta ilustra la forma en que los gobiernos de Juárez, Lerdo, Díaz y González, a pesar de sus diferencias, promovieron el desarrollo del proyecto liberal, que estaba centrado en la modernización de México. Todos ellos, por esa razón, enfrentaron dificultades que fueron similares, muchas de las cuales tenían su origen en la Constitución de 1857. Entre ellas destaca la resistencia de los pueblos y las comunidades frente a lo dispuesto por el Artículo 27º, que prohibía la propiedad comunal de la tierra en México. Destaca también la inconformidad de los grupos que resultaban marginados en las elecciones, una de las consecuencias de la imposibilidad de hacer efectivo el sufragio universal, conforme lo mandaba la ley reglamentaria del Artículo 76º.

En este tomo de la biografía de Díaz, como en el pasado, privilegié la voz de los contemporáneos de los hechos, la voz de los protagonistas y los testigos, escuchados a través de sus cartas, sus diarios, sus libros y sus testimonios. La deuda que tengo con los historiadores que han escrito sobre los sucesos aquí narrados, a su vez, está expresada en la bibliografía del libro, que es extensa, a pesar de haber sido resumida. En ella, junto a los libros y los artículos que leí, también menciono los archivos más importantes que consulté, en Oaxaca y en México. Fueron muchos los que me facilitaron ese trabajo. A todos ellos les doy las gracias. Quiero resaltar aquí la ayuda de Rosario Páez, encargada del Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional de México, donde pasé muchos días, y el apoyo de María Eugenia Ponce y Luis Inclán en mis visitas, muy frecuentes, a la Colección Porfirio Díaz y al Archivo Manuel González en la Universidad Iberoamericana. En los Estados Unidos tuve, asimismo, acceso a varios acervos, entre ellos los de la Colección Latinoamericana Nettie Lee Benson (donde fui asistido por Michael Hironymous) y los del Centro de Historia Americana Dolph Briscoe (donde recibí la ayuda de Kathryn Kenefick). Ambos los pude consultar gracias a una beca de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. El libro tiene una deuda con el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, donde trabajo en la UNAM, y tiene asimismo una deuda con el gobierno de Puebla, que apoyó una parte de la investigación por medio de la Secretaría de Cultura y Turismo. Ambos son coeditores del libro. Entre las personas que me brindaron su ayuda, muchas, quiero destacar al investigador Angel Gilberto Adame, con cuyo talento fue posible despejar uno de los misterios que aún quedaban por descubrir en la vida de Porfirio Díaz: el nombre y la historia de la mujer con la que concibió a su hijo Federico. A mi familia, por último, pero en primer lugar, le doy las gracias por la solidaridad, el amor y la paciencia con que me vio trabajar durante todos estos años.

La Noria

 

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CONVOCATORIA Y RUPTURA

 

“El ciudadano general Porfirio Díaz ha hecho dimisión del mando de general en jefe del Ejército de Oriente y de las amplias facultades de que estaba investido”, comunicó El Pabellón Nacional el 23 de julio de 1867, poco luego de la llegada del presidente Benito Juárez a la ciudad de México. Acababa de terminar la guerra, una guerra de más de cinco años contra la Intervención y el Imperio. El ejército que la protagonizó iba a desaparecer, sus jefes dejarían las facultades que tuvieron por años en los ramos de guerra y hacienda, que en el caso de Porfirio incluyeron siete estados, además del Distrito Federal. Tras la fiesta de la victoria, los vencedores tenían ahora que dedicar sus esfuerzos a la tarea más laboriosa de poner orden, para la reconstrucción de su país. Aquellos hombres, unidos en la guerra contra la agresión, tenían opiniones distintas respecto a varios de los temas sobre los que había que decidir, opiniones que debatían con intensidad en la prensa y la tribuna, que jamás serían tan libres como en esos tiempos. Entre los temas que discutían con sus compañeros de partido había dos que destacaban sobre los demás, alrededor de los cuales empezaron a surgir las diferencias: uno tenía que ver con la suerte del ejército que permitió el triunfo del presidente Juárez, otro con el destino del gobierno que sostuvo la potestad del emperador Maximiliano. Ambos eran asuntos delicados y controvertidos: qué hacer con los soldados de la República y qué hacer con los defensores del Imperio. La premiación y el castigo, desde luego, pero también la desmovilización y la amnistía.

La reducción del Ejército de la República estuvo a cargo del ministro de Guerra de Juárez, el general Ignacio Mejía. “Comencé por reducir el personal del Ejército, que constaba de cerca de setenta mil hombres, al número conveniente para la seguridad de la paz pública”, recordó en sus memorias Mejía. El licenciamiento era, dijo, una necesidad que no podía ser postergada. Propuso al presidente un ejército de veinte mil soldados, el mínimo para la paz, que incluso así representaba, en el presupuesto del año que venía, el 45 por ciento de los egresos de la Federación. Su propuesta fue aceptada. Aquellos veinte mil soldados fueron entonces divididos en cinco divisiones: la del Norte con base en San Luis Potosí (Mariano Escobedo), la de Occidente con base en Mazatlán (Ramón Corona), la del Centro con base en Morelia (Nicolás Régules), la del Sur con base en Acapulco (Juan Alvarez) y, en fin, la de Oriente basada en Tehuacán, con jurisdicción sobre Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, la antigua Línea de Oriente (al mando de Porfirio Díaz). Hacia finales de julio, el general Mejía dirigió una comunicación a todos estos jefes para confirmarles los cambios hechos en el Ejército. “Desde luego emprenderá su marcha al punto que se le señala como cuartel general con las tropas de su mando, de las que formará la división que se le ha encomendado, como lo tuviere por conveniente, retirando a sus hogares las fuerzas que lo han solicitado, así como las que no le fueren a usted necesarias, dándole las gracias a nombre del Supremo Gobierno por su lealtad y buenos servicios”, decía la orden del ministro de Guerra. La decisión fue instrumentada con rapidez. Díaz dio de baja, esos días, a los batallones Guerrero, Tiradores y Tepoztlán, para seguir con la guardia nacional de Xalapa. Hacia finales del año, las fuerzas armadas del país quedarían reducidas a no más de diecinueve mil elementos.

Muchos de los soldados que fueron licenciados en aquel verano estaban ansiosos por dejar el servicio de las armas para volver a sus pueblos. Algunos, incorporados por medio de la leva, esperaban con impaciencia el licenciamiento, que habían ya pedido a sus jefes. Los soldados de la República, por lo demás, no fueron despedidos con un simple gracias, a pesar de que así dice la comunicación de Mejía. El decreto del 5 de agosto, expedido por Juárez, creaba condecoraciones para los que lucharon contra el Imperio (el general Díaz habría de recibir, conforme a ese decreto, la Cruz de Primera Clase por haber combatido la Intervención) y la ley del 16 de agosto, a su vez, ordenaba separar una parte del valor de los bienes confiscados a los aliados del Imperio para recompensar a los mutilados y dotar a las viudas y huérfanos de los que murieron en campaña, y para retribuir a los jefes y oficiales que lucharon por la causa de la República (el propio Díaz, ese verano, obtendría su remuneración de manos del Supremo Gobierno). Pero la reducción y el licenciamiento provocaron también rechazo, sobre todo en quienes, tras ofrecer sus vidas a una causa, tenían de pronto que volver a sus hogares sin más que una promesa y un papel, como lo señaló Vicente Riva Palacio. El general Riva Palacio era contrario al licenciamiento, hecho en una magnitud tan grande. “Trajo dos grandes inconvenientes”, sostuvo, “el disgusto natural producido por la injusticia de la medida; y, después, la inseguridad de los caminos y las poblaciones, porque un gran número de guerrilleros arrojados así repentinamente fuera del Ejército, provistos de armas y de caballos y acostumbrados a la vida errante y azarosa de la guerra de montaña, se convirtieron en ladrones”. Ambas cosas eran ciertas. Los oficiales que tenían que volver a sus hogares, sin dinero y sin empleo, consideraban el licenciamiento como un acto de ingratitud y de injusticia. Y ese licenciamiento, que era sin embargo necesario, dejaba de golpe sin ocupación a una infinidad de soldados que, añadidos a los imperialistas, también dispersos con el término de la guerra, sumaban más de cien mil hombres armados, turbulentos y desarraigados, sueltos por todas partes en un país de apenas ocho millones de habitantes. El resultado sería inevitable. Muchos de ellos acabaron dedicados al robo, al asalto y al plagio, o bien a la revolución, a la violencia que habría de trastornar, en los años por venir, la vida de la República.

Porfirio Díaz había manifestado su deseo de dejar el servicio de las armas desde el fin de la lucha contra el Imperio. Así lo dijo en las cartas que dirigió al presidente Juárez por medio de su ministro de Guerra, el general Mejía. Díaz no quería aceptar el mando de la 2ª División, con base en Tehuacán. Deseaba radicar en Veracruz, dedicado al comercio en sociedad con su amigo de juventud, Luis Mier y Terán. Sus planes eran vagos todavía, pero firmes. Mier y Terán, criado en Oaxaca, estaba unido a Veracruz desde los tiempos de la Reforma, cuando viajó al puerto para secundar a Juárez. “Su honradez, actividad y buena disposición para los negocios comerciales hicieron que al terminar la guerra”, dijo un compañero, “se quedara como corredor en aquella ciudad, y llegara a monopolizar todos los negocios de arrieros y carreros, que entonces eran de gran importancia por no haber ferrocarril”. Al estallar la guerra contra el Imperio, fiel al gobierno, dejó el puerto para unir su suerte a la República. Fue ascendido a general de brigada al final de la lucha contra los imperialistas. Marchó de nuevo a Veracruz, donde estaba ahora interesado en un proyecto de ferrocarril a Xalapa, tirado por mulas, en el que trabajaba con otros socios —todos mexicanos: quedaban excluidos los extranjeros— con la idea de prolongar la línea hasta el Pacífico. El general Díaz, quien lo secundaba en esa empresa, tuvo aquellos días una conversación con el presidente Juárez, a propósito de su deseo de vivir en Veracruz. Necesitaba para ello, claro, ser remunerado por sus servicios. “Le supliqué me mandara liquidar mis alcances, en concepto de que no deseaba yo el pago íntegro de ellos, sino solamente un abono de 5 000 o 6 000 pesos, y que el resto se me fuera pagando por la aduana de Veracruz, con los derechos de importación que yo causara directamente, pues intentaba dedicarme al comercio”, recordó. “El señor Juárez me hizo observaciones muy obvias respecto a lo difícil que me sería dedicarme a otra carrera”. Es fácil imaginar la reacción del presidente: debió observar al general con una mezcla de curiosidad y desconfianza, sin poder discernir las razones que lo movían a rechazar el mando que le ofrecía en el Ejército. Pero él estaba convencido: no ocultaba a nadie su propósito. “Mi separación casi la tengo arreglada con el presidente”, escribió a un amigo. “Me iré a vivir a Veracruz, adonde tengo arreglado mi trabajo con Terán”.

Los asuntos relativos al licenciamiento de los soldados de la República, voluntario o involuntario, estaban entonces intrincados con los relativos a la suerte que iban a seguir los defensores del Imperio. Estos también eran una fuente de discordia entre los liberales. La atención estuvo centrada, ese verano, en el general Tomás O’Horan, quien acababa de llegar a la capital, después de ser aprehendido en la hacienda de San Nicolás el Grande, en los Llanos de Apan. O’Horan provenía de una familia ilustre y poderosa en Yucatán. Su vida de soldado, iniciada muy joven, era legendaria: hizo la campaña de Texas, batió a los franceses en San Juan de Ulúa, luchó contra los Yankees en La Angostura, influyó en el triunfo contra el Cuerpo Expedicionario en Puebla, al derrotar a sus aliados en Atlixco. Más adelante, como muchos otros, ofreció su adhesión al Imperio, al que sirvió hacia el final en la guarnición de México. Al ser ocupada la capital por los republicanos, O’Horan desapareció, entre rumores de que recibía la protección del general en jefe del Ejército de Oriente. Fue necesario hacer una aclaración en los periódicos, que despejaron las dudas. “Si el general Díaz hubiera dado garantías a O’Horan, no cabe duda de que no lo habría mandado aprehender cuando tuvo el aviso oficial del lugar en que se hallaba oculto”, dijo El Siglo XIX. Porfirio lo mandó apresar por haber desobedecido la orden de permanecer a disposición de la autoridad, al intentar escapar, pero asumió su defensa en el juicio que comenzó en agosto, promovido por el gobierno de la República. Había tratado a O’Horan durante el sitio de Puebla. Conocía sus méritos como militar. Y desde el final de la guerra desempeñaba el papel de protector de los soldados —de todos, hasta de los infidentes.

La defensa de O’Horan estuvo a cargo del licenciado Justo Benítez, el compañero de la infancia y el hombre de toda la confianza de Porfirio Díaz. Benítez acababa de abrir su bufete de abogado en el número 4 de la calle Don Juan Manuel, luego de renunciar a la secretaría del cuartel general de la Línea de Oriente. Propuso que O’Horan fuera juzgado por un juez de distrito, no por un consejo de guerra, pero no lo logró. El juicio dio inicio. Porfirio acompañó a Marcus Otterbourg, cónsul de los Estados Unidos en México, a una cita con Sebastián Lerdo de Tejada, el ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación. Otterbourg abogó por O’Horan en nombre de su gobierno, por haber dado garantías a los ciudadanos de su país durante el sitio de México. No tuvo éxito. El propio Díaz ofreció su testimonio por escrito, en el sentido de que la colaboración de O’Horan había sido vital para ocupar la plaza sin efusión de sangre, testimonio que sería reconocido por el general del Imperio (“en el fondo de mi alma está gravado mi agradecimiento”) desde su prisión en el convento de Santa Brígida. La decisión del consejo de guerra, sin embargo, estaba ya tomada. O’Horan fue condenado a muerte el 18 de agosto, en una sesión abarrotada de curiosos en el Teatro Nacional. Su defensa pidió el indulto al presidente de la República. Pero no lo consiguió. Era previsible, tal vez, que así sucediera. “Los actos de una grande y absoluta generosidad no estaban en el temperamento de Juárez”, observó Justo Sierra, quien lo conoció por esas fechas en la ciudad de México. “Nunca era espontáneo en él un acto de grandiosa clemencia”. El hecho provocó de todas formas conmoción, porque la gente pensaba que habían ya terminado las ejecuciones. Miguel Miramón y Tomás Mejía murieron fusilados al lado del emperador Maximiliano, pero el gobierno indultó a todos los condenados a la pena de muerte que fueron aprehendidos tras la toma de Querétaro. Y más tarde, durante la ocupación de México, la vida de los dignatarios del Imperio, con una excepción, fue respetada por las armas de la República. O’Horan era una anomalía. Murió fusilado tres días después de ser condenado a muerte, a las seis de la mañana, en la Plazuela de Mixcalco.

En agosto de 1867, con la muerte de O’Horan, terminaron los fusilamientos de los sostenedores del Imperio. “Pero los castigos de otro género, como la prisión, el destierro, el confinamiento y la confiscación de los bienes, seguían aplicándose pródigamente a los imperialistas”, notó un testigo de los hechos. Había entre ellos mexicanos de renombre, como Manuel Orozco y Berra, uno de los historiadores más eminentes del país, liberado de su prisión en la Enseñanza para ser luego sentenciado a la pena de cárcel, acusado de trabajar con Maximiliano en la dirección del Museo Nacional. Eran muchos los que, por debilidad o por convicción, colaboraron en algún momento con el Imperio. El gobierno los acusaba de traición a la patria; los obligaba a solicitar su rehabilitación para poder volver a disfrutar sus derechos de ciudadanos. Pero no todos, en el gobierno, coincidían en la severidad que debía tener la punición, por lo que el tema de la amnistía acabó por ser un asunto de partido. Juárez, desde el principio, optó por el rigor. Díaz, al contrario, tendió hacia el relajamiento. Sus partidarios argumentaban que había que dejar de pensar en el castigo para emprender, juntos, la reconstrucción del país. Y criticaban sobre todo la arbitrariedad con que eran tratados los casos de traición. “Estamos cansados de decir que no patrocinamos la impunidad del crimen, pero deseamos reglas fijas para su expiación”, escribió Manuel María de Zamacona, uno de sus seguidores más inteligentes, quien junto con otros más, entre ellos Justo Benítez y José María Mata, formuló una ley de amnistía que sería propuesta al final del año en la Cámara de Diputados (sin éxito) para reconciliar a los colaboradores del Imperio.

Desde el momento del triunfo, los liberales estaban divididos con relación al trato que debían recibir los soldados que combatieron por su causa y con respecto a la sanción que había que dar a sus enemigos, los traidores a la patria. Esa división produjo malestar en sus filas. Pero lo que los terminó por dividir del todo, a fondo, fue la publicación de la convocatoria a las elecciones de 1867. La convocatoria marcó con fuego el nacimiento de lo que Zamacona llamó, con expresión que tendría fortuna, la República Restaurada.

El 18 de agosto, en cumplimiento de su deber, don Benito Juárez dio a conocer al pueblo de México la convocatoria para elegir a las autoridades del país: al presidente de la República, a los diputados al Congreso de la Unión y a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, así como también a los legisladores y gobernadores de los estados de la Federación. La convocatoria a las elecciones, firmada unos días antes, era necesaria para volver a la normalidad, para restablecer el orden de la República, roto por la Intervención y el Imperio. Ella misma no tenía nada inusual. Pero el documento provocó de inmediato una reacción porque, al convocar a las elecciones, planteaba una consulta a la nación, en forma de plebiscito, sobre un conjunto de reformas que el gobierno juzgaba necesarias a la Constitución. La convocatoria hacía, en efecto, “una especial apelación al pueblo para que, en el acto de elegir a sus representantes, exprese su libre y soberana voluntad sobre si quiere autorizar al próximo Congreso de la Unión para que pueda adicionar o reformar la Constitución Federal en algunos puntos determinados, que pueden ser de muy urgentes intereses para afianzar la paz y consolidar las instituciones, por referirse al equilibrio de los Poderes Supremos de la Unión”. Esas adiciones o reformas podían ser hechas por el pueblo, agregaba la convocatoria, “sin necesidad de observar los requisitos establecidos en el Artículo 127º de la Constitución”. ¿Cuáles eran los cambios que proponía? Tenían que ver, todos ellos, con el fortalecimiento del Poder Ejecutivo.

La Constitución de 1857 sentaba las bases de un sistema de gobierno que tenía un espíritu más parlamentario que presidencial, planteado a contracorriente de la tradición en México. Los constituyentes estaban convencidos de que la soberanía residía en uno de los poderes, el Legislativo. Establecieron así una asamblea única, todopoderosa, frente a un Ejecutivo débil y frágil, que carecía incluso de veto. Todos los presidentes que ejerc ...