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TOLERANCIA Y PROHIBICIóN

Ricardo Pérez Montfort  

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Fragmento

Introducción

Se acusa de apasionamiento a un historiador como se
pudiera acusar de adicto a la droga a un hombre público…

MARIO MORENO FRAGINALS, 1984

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Los estudios realizados hasta hoy en México sobre el uso y el abuso de las drogas se han preocupado escasamente por su devenir histórico de media o larga duración.1 Si bien en épocas recientes los trabajos sobre el narcotráfico, el consumo y la distribución de sustancias ilegales, sus vínculos con expresiones artísticas o literarias, así como su relación con la inseguridad y la violencia contemporáneas, han aumentado exponencialmente,2 pocos se han sumergido en el pasado para tratar de entender el proceso a través del cual se ha llegado hasta la situación que priva hoy día.3 Desde diversas ópticas, principalmente periodísticas y jurídicas, el tema ha ocupado discusiones, polémicas y políticas estatales de gran envergadura y su preeminencia en materia de seguridad nacional y de programas de gobierno, educación y salud es indiscutible. También es cierto que en diversos estudios de historia de la ciencia y la medicina mexicanas las referencias a las sustancias tóxicas y a las mismas drogas han empezado a aparecer, aunque sea sólo tangencialmente.4 Lo mismo ha sucedido con las importantes aportaciones que se han hecho a la historia mexicana de los siglos XIX y XX desde la temática específica de la criminalidad, la subversión y las resistencias sociales.5 Sin embargo, todavía son contados los estudios mexicanos asociados con la historia particular de las drogas y su relación con los procesos sociales, políticos y económicos a través del tiempo. Los más se concentran en los espacios de la etnohistoria, la antropología y la arqueología; algunos se refieren al pasado colonial y varios, tal vez los menos, a su desarrollo, expansión y difusión en el siglo XIX y principios del XX.6

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Hasta hace algunos años la mayoría de los estudios sobre sustancias alucinógenas o narcóticos en México se acercaban al tema desde una perspectiva que acusaba una clara posición de intolerancia. En el reducido mundo académico, entre las ciencias penales y médicas, pero sobre todo en los espacios de los medios de comunicación masiva, las drogas se contemplan y se debaten hasta hoy principalmente a partir de una posición abiertamente prohibicionista.7 Aunque es justo reconocer que algunos especialistas han seguido sus pesquisas sin ese prejuicio, no cabe duda que el consumo de narcóticos, enteógenos, o simples alteradores de la conciencia ha recibido una extensa reprobación a lo largo, por lo menos, de las últimas cuatro generaciones de mexicanos.

Así, la conciencia social que ha privado en este país sobre las drogas, como en gran parte del resto del mundo, se ha visto permeada por una condena constante, extendida no sólo a su comercio y a su distribución ilícita, sino a su uso cotidiano, ya sea terapéutico o ritual, y no se diga en su dimensión recreacional. Al abordar el tema, tanto desde puntos de vista médicos y científicos como antropológicos, farmacéuticos o judiciales, pocos pretenden conocer dicho fenómeno sin expresar su rechazo de entrada.8 Por eso, acercarse al tema históricamente y con cierta pretensión de objetividad parece difícil. Por un lado, todavía algunas autoridades de los acervos históricos consideran que los asuntos relacionados con las drogas son de consulta restringida, y por otro, los mismos documentos que se refieren a dichas sustancias de manera directa y clara tienden a condenarlas o incluso a criminalizarlas.

De esta manera, un halo de prejuicios y posiciones de censura preestablecidas se mantiene a la hora de abordar el tema, aun cuando es ampliamente reconocido que se trata de un fenómeno que invade las cotidianidades antiguas y contemporáneas, que surge a la menor provocación y sobre el cual todo mundo parece tener una opinión. Hasta hace muy poco tiempo mostrar interés por las drogas y su devenir histórico seguía generando cierta sospecha tanto en círculos académicos como en medios periodísticos. No se diga entre quienes se preocupaban por fenómenos educativos o de política oficial relacionados con su producción o su consumo. Rara vez se admitían medias tintas: se estaba en contra de la incorporación de las drogas a la vida diaria de manera contundente y seria —“di no a las drogas”— o se estaba a favor —“vive con drogas”—. Esta última posición producía inmediatamente un clima de sospecha, pues se pensaba que quien lo promovía era un asiduo consumidor, un narco, un legalizador o un “adicto”. Independientemente de lo anterior, lo cierto era que una mueca de complicidad o una sonrisa de desconfianza solían acompañar los intentos de discusión y análisis relacionados con las drogas.

Pero es justo decir que ante las dimensiones de la problemática actual del narcotráfico y sus consecuencias, esta actitud se ha estado modificando, y no son pocos los intelectuales, los artistas y los estudiosos que, al margen de las tendencias conservadoras que privan en los diversos medios políticos y sociales mexicanos, se han acercado a repensar el asunto y han modificado sus posiciones.9

Hay que insistir, sin embargo, que poco se sabe sobre las características históricas de esa actitud social de rechazo generalizado. Una visión a través del tiempo, sobre todo de los siglos XIX y XX, acerca de las relaciones que existen entre la sociedad mexicana y las drogas, con miras menos presentistas y preconcebidas, apenas se apunta en el repertorio de las ciencias sociales de este país.10

Desde finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el afán prohibicionista extendió sus áreas de influencia en la sociedad mexicana, logrando un amplio consenso. Aunque el asunto se ventiló poco a poco, puede afirmarse que la intolerancia se fue imponiendo con puntual resolución hasta convertirse en una posición claramente definida en lo que suele llamarse “la representación social mexicana”, es decir, en la conjunción de la opinión pública y la visión oficial.11

La historia de los procesos que determinaron su ilegalidad y la consolidación de la condena social generalizada hacia las drogas en México no han interesado excesivamente a los especialistas mexicanos. Hasta hace poco la mayoría de los trabajos realizados en este país remitía a estudios foráneos, lo cual muestra un evidente vacío en la investigación de primera mano.12

En este sentido, los enfoques de los escasos estudios históricos y etnobotánicos sobre estas sustancias en el territorio mexicano parecen dirigidos particularmente a un reducido círculo de penalistas, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, historiadores de las mentalidades y, quizá, a ciertos farmacólogos o médicos humanistas.13 Todavía es difícil observar una clara diferencia entre la conciencia académica o especializada sobre el tema y la imagen que de las drogas se ha construido para el consumo de las mayorías. Aquí, como en muchos otros países del mundo, se repite constantemente el esquema prohibicionista; se insiste en que se trata de un tema por lo menos complicado y en el que no parece haber acuerdos puntuales.

En una región como ha sido México hasta hoy, productora, consumidora y comercializadora de infinidad de productos naturales cuya ingestión conduce a estados de bienestar, inconsciencia o alucinación, parece necesario el estudio de las muchas historias que acompañan o han acompañado el uso y el abuso de sus derivaciones terapéuticas y recreativas. Independientemente de si estas sustancias son inocuas o si producen un hábito o una adicción, su uso, su cultivo y su circulación han estado presentes a lo largo de gran parte de la historia antigua y contemporánea de este país. Explicar el papel que han desempeñado tanto la sociedad mexicana como sus gobiernos en la restricción de la producción y el consumo de drogas, dando cuenta del complicado proceso que permitió la construcción de un código de salud “moderno” y su implantación más o menos generalizada, puede resultar importante para comprender su situación actual.

La elaboración de ese código de salud, acorde con sus tiempos y sus contextos, lógicamente se emparentó con múltiples posiciones morales y filosóficas, políticas y económicas, y en su paso por el tiempo llegó a formularse con varios enfoques y formas de expresión. Naturalmente, estas posiciones estuvieron sujetas a las transformaciones más relevantes del país. Así, el estudio histórico de la relación entre la sociedad y estas sustancias también podría mostrar las variaciones sufridas en la noción “moderna” de la salud pública en la sociedad mexicana y su vínculo con las drogas. Desde sus primeras apariciones —fuera del ambiente de los rituales, las iglesias y los hospitales— en el México de la segunda mitad del siglo XIX, hasta el arribo de las ideas prohibicionistas que se mantienen vigentes hasta la actualidad, el tema merece un acercamiento más cuidadoso y sin mayores prejuicios.

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Habría que insistir en que el lector contemporáneo ha contado con un amplísimo espectro informativo sobre las drogas a nivel internacional y nacional, en el que la espuma prohibicionista y el afán intolerante siguen reinando. El tema ha invadido espacios de toda índole, desde el científico hasta el político. Convertido en fenómeno mundial de primer orden, a través de muy diversas ópticas, dicho tema y su vínculo con la intolerancia resulta, pues, reiterativo. Múltiples referencias especializadas así como de divulgación popular pretenden satisfacer al interesado, desde los diversos medios impresos hasta las amplias redes sociales, sobre las encontradas posiciones que ha generado en los últimos años.14

La presencia de estas sustancias en diversas etapas de la historia asiática, europea y estadounidense también ha sido tema de varias investigaciones y muchas reflexiones.15 Aun así todavía hay aspectos del mismo que permanecen ocultos.16

En el estudio que se presenta a continuación se pretende delinear algunas ideas y posturas que la sociedad mexicana mantuvo con el universo de esas sustancias llamadas genéricamente “drogas enervantes” a lo largo de un periodo determinante que va de 1840 a 1940. Durante esos 100 años puede percibirse un cambio medular en dicha sociedad, que desde luego incluye la transformación de su visión sobre las drogas. Fue precisamente en pleno régimen de Antonio López de Santa Anna y de guerra con Estados Unidos cuando empezaron a aparecer las primeras preocupaciones sociales por estos “venenos” que rápidamente fueron considerados por las élites como “sustancias nocivas para la salud”. Durante la República Restaurada y el Porfiriato el asunto pasó del mundo de las boticas y los médicos al ámbito periodístico y criminal, aunque no pocos aristócratas se empezaron a familiarizar con sus placeres y sus desgracias. En los ambientes populares su consumo no parecía tener más restricciones que la limitada capacidad económica de sus frecuentadores, aunque en su interacción con los individuos y con algunos grupos marginales también intervinieron algunos elementos étnicos y raciales.

La Revolución de 1910-1920 le imprimió un sesgo particular al vínculo entre determinados sectores sociales y ciertas drogas. Los ambientes militares y carcelarios se asociaron con la marihuana, mientras que el mundo de los chinos y el de las élites bohemias se ligaron al consumo de opio y sus derivados. A partir de la década de los años veinte la campaña de criminalización empezó a ganar fuerza por influencia directa de los intereses estadounidenses, aunque todavía los médicos y algunas otras voces insistieron en cuestionar y discutir su penalización. Durante los años treinta finalmente se establecieron los criterios prohibicionistas, quedando el asunto de las drogas bajo la jurisdicción de jueces, policías, ministerios públicos y mundos penitenciarios. Con la entrada en vigor del Tratado para la Supresión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes Nocivos a nivel internacional, aun cuando en México éste se aprobó hasta 1954, la persecución y la intolerancia se convirtieron en moneda corriente. Si bien los afanes prohibicionistas internacionales impulsados por Estados Unidos se prefiguraron a partir de 1909 y 1912, fue más bien durante el periodo de entreguerras cuando adquirieron una mayor fuerza, imponiéndose en buena parte del mundo occidental, incluido México. Y fue durante los años cuarenta cuando la intolerancia y la persecución criminal en torno de las drogas se consolidó tanto en México como en el resto de América y Europa.17

En medio de infinidad de conflictos sociales, que implicaron una transformación moral y legal, suscitada principalmente por la paulatina incorporación de México al mercado internacional durante el siglo XIX y la puesta al día de una modernidad particular, la práctica de la regulación estatal de la salud pública fue definiendo los elementos que las autoridades sanitarias consideraban dañinos para la población. En esta esfera entraron las drogas con sus usos terapéuticos, rituales y recreacionales. A partir de un parámetro “científico” surgido en Europa poco después de la Revolución francesa, la salud pública y la higiene se convirtieron en dos de las muchas áreas que formaron parte de la competencia de los gobiernos nacionales. La emergente administración pública de México siguió esa misma tendencia.18

El tema de las drogas, vistas como medicinas, venenos o enervantes, apareció muchas veces en la discusión sobre la llamada “higiene social” que preocupó a no pocos mexicanos decimonónicos. La noción moderna de droga, como fármaco capaz de remediar algún padecimiento, pero también capaz de envenenar a los individuos que lo consumían, surgió en los ambientes urbanos sometidos a los diversos intentos de reglamentación sanitaria. Poco a poco se fue transformando el contenido de la palabra droga hasta llegar a la connotación peyorativa que tiene ahora y que sanciona negativamente su condición terapéutica, y no se diga su uso recreativo. Las sustancias alteradoras de la conciencia, las alucinógenas e incluso aquellas que sirvieron para paliar el dolor físico, pero que causaban cierto hábito o dependencia, fueron satanizadas cada vez con mayor ahínco por los sectores sociales ascendentes, siguiendo los pasos y las influencias de aquellos médicos, científicos y juristas que ya se encontraban insertos en la reconstrucción del Estado mexicano.

El quehacer normativo y el orden penal que debían regir las relaciones de la sociedad con las drogas en su tránsito del siglo XIX al XX parecieron encontrar un gran consenso, siguiendo los mandatos de esa “modernidad” propalada por modelos europeos y estadounidenses. Pero en ese mismo horizonte cultural también pudieron distinguirse algunos planteamientos medianamente disidentes, capaces de mostrar los matices de la contradictoria relación que la sociedad mexicana mantenía con las drogas.

Si bien a partir de la segunda mitad del siglo XIX poco a poco se formaría una conciencia sobre los efectos y las consecuencias de la ingestión y el uso, tanto terapéutico como recreativo, de enervantes y nuevas sustancias químicas, hacia finales de la centuria la influencia de los patrones de comportamiento y cierta ética médica sentaron sus reales entre los sectores pudientes mostrando sus primeros indicios de rechazo colectivo. Durante los difíciles años revolucionarios de la segunda década del siglo XX reaparecieron los principios y las actitudes que subvirtieron aquel primer intento de ordenar el comportamiento social en torno de las drogas.

Una combinación de criminalización y penalización del contrabando, así como un reordenamiento general, que incluía las políticas públicas relativas a la salud, y una creciente influencia de los patrones de conducta occidentales, fue orientando la relación entre la sociedad mexicana, la élite política posrevolucionaria y el consumo de sustancias enervantes. Las políticas nacionalistas y la elaboración de un código penal federal, pero sobre todo el afán de insertar a México en el concierto de las naciones que apenas salían de la Primera Guerra Mundial, pusieron al país en el camino del despegue económico. Entre las contradicciones que apelaban, por un lado, a tratar de resolver los problemas locales y, por otro, pretendían demostrar cierta propensión hacia el cosmopolitanismo, el debate prohibicionista sobre las drogas y el alcohol también encontró un campo fértil. A medio camino entre las enfermedades y las acciones delincuenciales, finalmente el gobierno posrevolucionario le apostó a convertir el asunto de las drogas y el alcohol en una cuestión que debía arreglarse más en el Ministerio Público que en el hospital, más en la cárcel que en el dispensario médico, más en la Secretaría de Gobernación que en la Secretaría de Salud. Todavía a finales de los años treinta se percibieron algunos intentos por repensar esa trayectoria entre doctores, enfermeras, terapeutas y administradores públicos.19 Sin embargo, las presiones estadounidenses pronto lograron que la conciencia intolerante y penalizadora se arraigara en los ámbitos judiciales y médicos mexicanos.20

A partir de los años cuarenta la intolerancia y el prohibicionismo quedaron integrados al discurso y a la política gubernamental sobre todo en torno de las drogas y no tanto del alcohol. Si bien todavía tardarían casi medio siglo en convertirse en temas de seguridad nacional, en diversos ámbitos nacionales la estigmatización, la reprobación moral y la criminalización de la producción, el comercio y el consumo de marihuana, heroína y cocaína se mantendrían con una insistencia particular. Reducido su consumo a los ambientes carcelarios, al mundo de la baja milicia, de los pepenadores, de ciertas élites artísticas, deportivas y de alta política, los años cincuenta mantuvieron el tono de condena, incluso de tabú, a la hora de hacer mención de dichas sustancias. Es cierto que desde aquellos años el tema del combate a las drogas y a los traficantes se convirtió en un asunto digno de mencionarse en los informes presidenciales. Sin embargo, las formas de intervención estatal siguieron siendo bastante precarias, por no decir ambiguas.21 Durante los años sesenta y setenta reaparecieron en los medios juveniles bajo la influencia del espíritu rebelde estadounidense y asociadas al rock, a la psicodelia y, en general, a la crítica al statu quo.22

Fue a partir de los años ochenta y noventa, poco después de que el gobierno estadounidense había declarado a las drogas “la preocupación doméstica número uno”, cuando el asunto de la producción y el comercio, más que el consumo, se convirtió en un gran problema, principalmente para los países latinoamericanos, incluido, desde luego, México. La corrupción y el tráfico ilegal habían ido de la mano desde los inicios de la prohibición, pero a partir de aquellos últimos veinte años del siglo XX el surgimiento de grupos de poder subalternos, de cárteles y del mismo crimen organizado puso en jaque a las estructuras estatales, tanto por presiones internas como externas.

La respuesta del gobierno, de los académicos y, en general, de la sociedad, apenas consideró cuestionar que mucho de lo que estaba sucediendo encontraba sus razones en el afán irracional y estigmatizante del prohibicionismo. Al convertirse en tema candente en las relaciones continentales, particularmente entre México y Estados Unidos, a finales del siglo XX una tibia reconsideración sobre sus implicaciones parecía flotar en el ambiente. Por ejemplo, en junio de 1993 la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República y la Universidad Nacional Autónoma de México promovieron una reunión que llevaba el pomposo título de Encuentro Internacional de Expertos sobre Narcotráfico que tuvo como fin político la condena a los certificados de buena conducta que entonces expedía el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos que se plegaban a su voluntad en la guerra contra las drogas. Los participantes en dicho encuentro publicaron entonces la Declaración del Vivero Alto reconociendo la gravedad del “problema de las drogas”. En dicha declaración establecían que “entre los puntos que requieren mayor debate se encuentra la despenalización controlada y paulatina de las drogas, punto que amerita una discusión especial de alto nivel de carácter indisciplinarlo”.23 Lamentablemente, el asunto se quedó en las buenas intenciones e incluso sufrió cierto desprestigio, ya que, poco tiempo después, dos de sus suscriptores, Guido Belsasso, entonces director del Centro Nacional contra las Adicciones, y Jorge Carrillo Olea, quien era coordinador para la Atención de los Delitos contra la Salud de la Procuraduría General de la República, fueron públicamente expuestos como personas que gozaban de muy poca confianza por parte de amplios sectores sociales y de la misma élite en el poder. El primero fue removido de su cargo por abusos de “influyentismo” y el segundo no concluyó su gubernatura en el estado de Morelos por sus turbios vínculos con secuestradores y promotores de clubes de golf.

Otro incidente también vivido entre universitarios a principios del nuevo milenio puede mostrar cómo cierta oposición irracional frente a las drogas seguía campeando en los medios académicos. Después de dos años de dirigir la Revista Universidad de México, el equipo encargado de su edición decidió dedicar un número de dicha publicación al tema de las drogas. Tras conseguir la colaboración de especialistas de varias partes del mundo y de aportaciones importantes sobre la discusión en torno de la legalización o la prohibición, en diciembre de 2003 se publicó el número 630-631 de esa revista con el título general “En el margen de las drogas”. Bellamente ilustradas, sus páginas proponían una aproximación inteligente y creativa al fenómeno, relacionando la historia, la discusión legal y sus perspectivas internacionales con la literatura y la imagen.24 Las autoridades universitarias interpretaron la propuesta como un argumento en contra del prohibicionismo y procedieron a cesar al equipo editorial. Ni el entonces rector, doctor Juan Manuel de la Fuente, ni la coordinadora de Humanidades, doctora Olga Elizabeth Hansberg, dieron la cara. Parecía que hasta entre intelectuales y científicos el espíritu irracional de la intolerancia y el prohibicionismo seguía ganando la batalla.

Pero independientemente de estos fracasos, con el arribo de las políticas conservadoras a las altas esferas del poder mexicano durante la supuesta restructuración democrática de principios del siglo XXI, la oportunidad de tener una discusión seria sobre el asunto de las drogas se fue perdiendo. El indiscutible avance del narcotráfico en gran parte del territorio nacional y la guerra declarada en su contra y recrudecida a partir de 2006 hicieron que se esfumaran las pretensiones de un debate inteligente. El afán prohibicionista y criminalizador se estacionó y empantanó la mayoría de los asuntos relativos a las drogas y su posible legalización. Por más que el tema se haya llevado a las discusiones en los poderes Legislativo y Judicial, a los nefandos medios de comunicación mexicanos y al limitado mundo académico, el fantasma de la intolerancia parece regresar constantemente por sus fueros. Hoy en día se percibe un puntual estancamiento en las discusiones al respecto por más que diversas voces reclamen la necesidad de repensar las posiciones oficiales.25

A principios de noviembre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación sorprendentemente aprobó el cultivo y consumo de marihuana con fines lúdicos a través de un fallo histórico que al parecer allanaba el camino a la legalización de ciertas drogas. Por principio, sólo se otorgó un amparo a cuatro personas. Ante la evidencia de la inutilidad de los criterios prohibicionistas, pero sobre todo a raíz de la violencia y las muertes que han ensangrentado al país en los últimos lustros, por fin las autoridades mostraron cierta racionalidad en su posicionamiento frente al llamado “problema de las drogas”. El narcotráfico, sin embargo, sigue tercamente arraigado en la realidad mexicana y lejos de pensarse en una posición tolerante frente a las drogas, capaz de aproximarse al tema sin mayores prejuicios, gran parte de la sociedad mantiene una postura conservadora, cuando no ambigua, sí puntualmente condenatoria.

Este estudio trata de narrar las circunstancias que dieron lugar a la conciencia prohibicionista y su primer desarrollo; también revisa algunos momentos en que ciertos sectores de la población se acercaron a los estupefacientes con humor y espíritu lúdico, así como con independencia y propuestas originales para lidiar con las adicciones; concluye, sin embargo, con la imposición puntual de criterios intolerantes impuestos por intereses foráneos y locales que hasta hoy campean en la complicada relación de la sociedad mexicana con esas sustancias que identificamos hasta hoy simple y genéricamente como drogas.

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Muchos datos, algunas ideas y no pocos argumentos que aparecen en este estudio han sido expuestos en otros trabajos publicados antes. Desde los inicios de mi labor como profesional de la historia, a finales de los años setenta del siglo XX, con frecuencia me topé con el tema de las drogas, ya fuese en los archivos públicos o en la revisión de bibliotecas y hemerotecas. Indirecta y desorganizadamente fui recogiendo referencias en espacios tan diversos como el Archivo de Jenaro Amezcua y el ejército zapatista o el Archivo del general Francisco J. Mújica, que me permitieron satisfacer medianamente algunos intereses vinculados al México de los primeros 40 años del siglo XX. El asunto aparecía con frecuencia en los periódicos y en las revistas de la posrevolución, y cuando hurgué en los viejos volúmenes misceláneos de la Hemeroteca Nacional de finales del siglo XIX, para mi sorpresa la drogas también surgieron casi como tema cotidiano. Sin embargo, no fue sino hasta principios de los años noventa cuando mi interés específico por las drogas y el origen de la intolerancia me llevó a tratar de sistematizar un poco más la información recabada y a emprender un proyecto formal de investigación. La idea central que me guió entonces fue tratar de reconstruir el proceso a través del cual surgió una mediana conciencia social sobre las drogas en el México del siglo XIX y cómo se fue imponiendo el afán prohibicionista y su consecuente criminalización ya avanzado el siglo XX.

En ese proceso me acompañaron algunos alumnos y colegas. En un principio fueron mis queridos discípulos Greco Sotelo, Álvaro Vázquez Mantecón, Javier Bañuelos y Carlos Calderón quienes me apoyaron en el acopio de fuentes primarias y secundarias. Gracias al doctor Arturo Ortiz Castro del Instituto Mexicano de Psiquiatría y a su interés por los trabajos interdisciplinarios, la iniciativa del estudio de la historia de las drogas en México encontró una respuesta positiva, lo cual me permitió la publicación de un esbozo inicial de lo que había encontrado en mis primeras pesquisas sobre el tema.26 Junto con dos colegas, Pablo Piccato y Alberto del Castillo, compilé un primer volumen de textos heterodoxos que pretendían acercarse a la historia de algunos usos y abusos que privaron en la sociedad mexicana durante el Porfiriato tardío. Así surgió un libro inicial en torno del alcoholismo, de cierto tipo de criminalidad y de las drogas en el México de finales del siglo XIX y principios del XX.27 Al poco tiempo apareció otro alumno, Axayácatl Gutiérrez, quien quiso, bajo mi dirección, escribir su tesis de licenciatura sobre el opio en México, para posteriormente interesarse en el discurso sobre la prohibición y su desarrollo en América Latina.28 Mientras esto sucedía, otros investigadores y colegas avanzaban en sus estudios en temas parecidos o por lo menos emparentados. Particularmente Luis Astorga y Elena Azaola han coincidido conmigo en mesas redondas, exámenes profesionales y pláticas. Un par de tesis importantes también nos ha reunido para combinar ideas, datos e interpretaciones que desde entonces propician un intercambio particularmente generoso y propositivo.29

Por iniciativa de la Fototeca Nacional del INAH a cargo de Rosa Casanova y de la oficina de proyectos especiales de la dirección general del INAH a cargo de Adriana Konzevik tuve la oportunidad de revisar una gran cantidad de fotografías relacionadas con el mundo de las drogas en México para hacer un primer intento de aportación iconográfica. La intención de vincular la imagen con la investigación histórica, interés que me ha acompañado a lo largo de buena parte de mi trabajo como historiador, trató de plasmarse en una segunda publicación de mi autoría sobre el tema que se llamó Yerba, goma y polvo: drogas, ambientes y policía en México 1910-1940. En la Fototeca Nacional conté con el apoyo puntual de Rogelia Laguna y Heladio Vera, sin cuyo entusiasmo y compañerismo hubiera sido imposible concluir aquel trabajo y mucho menos éste que el lector ahora tiene en sus manos.30

Otro alumno y colega, Isaac Campos Costero, llegó a México a principios del nuevo milenio desde la Universidad de Harvard a trabajar sobre la historia de la marihuana y la modernidad mexicanas, para cumplir con su tesis doctoral. Su trabajo es probablemente la mayor aportación realizada hasta la fecha en torno de dicha planta, sus historias y sus contextos en este país.31 Con él conversé en varios momentos y sin duda su trabajo fue fundamental para el avance de mis propias investigaciones. Gracias a él pude revisar material judicial de primera mano y convertirlo en uno de los capítulos centrales de este libro.

A finales de 2013, Mariana Flores Guevara, una destacada alumna de El Colegio de México, se me acercó para mostrarme su tesis sobre la problemática internacional en torno de la iniciativa mexicana sobre el tratamiento alternativo de drogas y drogadictos durante el cardenismo. En dicha tesis recuperaba la figura del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien propuso una política de tolerancia mucho más racional que la estadounidense en los decisivos años de 1939 y 1940. Su trabajo profundizaba en un aspecto esencial de mi investigación relativa a la magnífica labor de este médico, misma que se aborda en los capítulos 6 y 7 de este libro. La tesis de Mariana, iluminó gran parte de mis pesquisas sobre el final de aquel primer intento de resisti ...